Ana Laura Magaloni / La reforma laboral
| Autor | Ana Laura Magaloni |
La decisión del presidente Calderón de presentar nuevamente una reforma laboral en forma de "iniciativa preferente" pone al PRI ante una disyuntiva importante. Aprobar la reforma laboral del PAN significa acotar el tipo de privilegios y rentas que históricamente han tenido las cúpulas sindicales. Ello, a pesar de los beneficios que tenga para trabajadores y empleadores, tiene importantes costos políticos. ¿Podrá el PRI sortear con éxito el conflicto con los poderosos líderes sindicales que existen en el país?
Tiene varios aciertos la reforma laboral que propone el PAN. Por falta de espacio quiero resaltar dos: 1) el tope de un año al pago de salarios caídos y 2) las condiciones para emplazar a huelga por firma de contrato colectivo. Para entender la relevancia de ambas reformas, es preciso dimensionar algunos absurdos kafkianos de nuestra "justicia laboral".
Conozco casos de pequeñas empresas familiares que han tenido que cerrar sus puertas porque uno solo de sus trabajadores reclama un despido injustificado y, con ayuda de un abogado chicanero que lleva a cabo todo tipo de triquiñuelas procesales, logra que el juicio se extienda hasta por 10 años. Al final la Junta de Conciliación y Arbitraje condena al empleador al pago de salarios caídos por ese mismo número de años. No importa que el trabajador despedido haya tenido otro empleo durante el tiempo que duró el juicio o que la suma a pagar sea tan descabellada que el patrón tenga que cerrar su negocio y despedir a todos los que trabajaban ahí. La ley laboral actual no contempla ningún límite a los salarios caídos. Por ello, han proliferado los despachos de coyotes que se dedican a cazar asuntos de este tipo en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. La ecuación es simple: los "abogados" utilizan los derechos de los trabajadores para extraer rentas principalmente a los pequeños empresarios que no cuentan con buenos abogados para hacer frente a este tipo de chicanas.
La reforma laboral del PAN plantea dos cuestiones que parecen razonables para terminar con este tipo de abusos: 1) el monto de salarios caídos tiene un plazo máximo de un año y 2) sólo podrán litigar ante las Juntas abogados con cédula profesional. Esto último no necesariamente terminará con el coyotaje pero, quiero pensar, sí lo acotará.
Con respecto al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo, vale la pena referirnos a lo que sucede en el ámbito de la construcción. Con nuestro actual marco normativo, cualquier...
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