Se busca ombudsman fiscal
| Autor | Erika López |
De haber una instancia de defensa para los contribuyentes, el número de asuntos fiscales que se litigan disminuiría entre un 65 y 75 por ciento.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley Orgánica de la Defensa del Contribuyente, que la legisladora priista Martha Tamayo presentó en 2003, algunas entidades del país han logrado reducir estos porcentajes por medio de asesorías jurídicas gratuitas a los ciudadanos.
La iniciativa pretendía la creación de un órgano que representara a los causantes ante cobros irregulares de la Secretaría de Hacienda, bajo la figura de una procuraduría.
Sin embargo, dicha ley fue aprobada en el Senado en diciembre de 2003 por unanimidad y en abril de 2005 en la Cámara de Diputados por mayoría.
El 21 de junio pasado, el presidente Vicente Fox vetó la ley. El Ejecutivo federal cuestionó el que la ley planteaba que el Senado sería el responsable de nombrar al procurador, la autonomía presupuestaria y la capacidad de hacer recomendaciones y de sancionar a las autoridades fiscales, por parte de la procuraduría.
La ley, de acuerdo con fiscalistas, beneficiaría a 20 millones 300 mil contribuyentes menores, conformados por las personas físicas y los asalariados inscritos en el padrón, que son quienes generalmente se quedan sin defensa ante algún atropello de Hacienda.
El otro millón 200 mil contribuyentes, conformado por personas morales existentes, según datos hasta junio de 2005, son los únicos que pueden defenderse.
Los beneficios de la ley
Los casos que podría resolver la procuraduría del contribuyente, de acuerdo con Óscar Márquez, abogado fiscalista de Márquez Ojeda y Compañía, son las multas generadas porque no se declaró correctamente, cobros de recargos mal fundados, e incluso cobros de gastos de ejecución sin fundamento.
Sin embargo, sin un órgano de defensa son menos los contribuyentes que pueden solucionar este tipo de problemas. Ni siquiera cuando se trata de devoluciones que por ley les corresponden, los contribuyentes quieren meterse en pleitos y evalúan de acuerdo con el monto de lo que está en juego si buscan recuperarlo o no.
"En ese primer filtro mucha gente no se da cuenta, mucha gente no le da importancia y seguimiento a su devolución y dice 'nunca me llegó' y otra gente dice 'yo ya no sé cómo hacerle y mejor ahí lo dejo'. Entonces tranquilamente en este cernidor se queda la mitad, cuando menos la mitad de la gente no hace nada y ¿qué es eso?, una ganancia para la autoridad fiscal", señala Márquez.
"Cuando mucho la mitad accede a la justicia fiscal, un 70 por ciento se cruza de brazos. Sí, me atrevería a decir que entre el 50 y el 70 por ciento se somete ante la autoridad", señaló el fiscalista.
Martha Tamayo asegura que...
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