Cadena de 'errores' y un ganador
REFORMA / Staff
El Gobierno de Felipe Calderón heredó un litigio que bien podría costarle miles de millones de pesos.
Hace casi 10 años, Unefon consiguió el respaldo del Gobierno y de sus competidores para obtener una prórroga que les permitiera seguir con vida.
En 2006, logró que se le restituyera la mayor parte de los intereses convenidos y ahora quiere el resto y además 3 mil millones de pesos, que calcula considerando los intereses que le hubiera generado la suma que a su juicio no debió pagar.
La telefónica de Ricardo Salinas quiere ir por todo luego de haber estado a punto de perder la concesión.
El origen del pleito
La historia cruza tres administraciones y se remonta al sexenio de Ernesto Zedillo, con la apertura telefónica que se dio a partir de 1997, cuando se trataban de ampliar los servicios de telefonía.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), creada en esa administración, convocó en 1997 a una subasta de frecuencias con objeto de que empresas como Unefon, propiedad entonces de Moisés Saba, y otras más, pudieran ofrecer servicios telefónicos inalámbricos.
En la subasta, realizada en mayo de 1998, ganaron frecuencias, además de Unefon, Iusacell, Pegaso, Telmex y Miditel, entre otros.
Unefon ofreció 2 mil 621 millones de pesos por las 27 frecuencias que obtuvo y fue el mayor ganador. Como todos, pagó el 20 por ciento, 524 millones de pesos, al otorgarse la concesión y tenía hasta el 29 de septiembre de 1998 para liquidar lo que faltaba, so pena de perder la concesión y el anticipo.
Pero, llegó la fecha y no tuvo dinero. Así que pidió una prórroga.
Aunque esa circunstancia no estuviera contemplada en las bases de la licitación, la Cofetel, que en ese entonces estaba presidida por el actual Secretario del Trabajo, Javier Lozano, la Secretaría de Comunicaciones, a cargo de Carlos Ruiz Sacristán, y la propia Presidencia de la República cabildearon con las otras empresas que habían obtenido frecuencias para que aceptaran que se diera la prórroga requerida por Unefon y así no perder sus frecuencias.
Los argumentos esgrimidos por las autoridades para dar la prórroga fueron, entre los más significativos, la debilidad de la economía y los recursos que el Gobierno dejaría de percibir.
Compañía por compañía fueron llamados a Los Pinos y después de obtener la aceptación, se diseñó el salvavidas para Unefon que a la postre se convertiría en un dolor de cabeza y una sangría de dinero para el Gobierno federal.
Todos dieron el sí y firmaron un acuerdo para legalizar el cambio en la licitación.
Se ofreció a todos los participantes una prórroga de 180 días para hacer sus pagos y se estableció como interés la tasa de referencia bancaria (TIIE) más 8 puntos para los primeros 90 días y más 10 puntos para los siguientes 90 días. Unefon se abrazó a la tablita de salvación.
Pero, volvió a cumplirse el plazo y Unefon no volvió a pagar, así que por segunda vez pidió una prórroga y por segunda vez le fue concedida.
Finalmente, la compañía se hizo de los recursos y pagó el 80 por ciento que debía además de 596 millones de intereses.
Ahí comenzaron los problemas pues ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni la Cofetel tenían facultades para cobrar intereses ni para fijarlos.
De hecho, en términos de las bases de la licitación, en su aparatado 8.1.3, se debió haber descalificado a quien no pagara y retirado las frecuencias.
Al final, Unefon tomó ventaja de la posposición pero se inconformó con el cobro de los intereses acordados tanto en...
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