La Ciudad y El Crimen/ Ilegalidades de la Procuraduría

AutorRafael Ruiz Harrell

La violenta negativa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ya no se diga a aceptar, sino a considerar siquiera, la recomendación 2/2000 de la Comisión de Derechos Humanos de nuestra capital, es enormemente inquietante.

El hecho de que las autoridades tengan en prisión por conveniencia política a una persona inocente a sabiendas de su inocencia, arroja grandes dudas sobre la positividad de las garantías constitucionales y confirma, por supuesto para mal, una triste serie de sospechas sobre el verdadero carácter de la administración perredista.

El rechazo deja en claro que a pesar de sus declaraciones y promesas, no se trata de un gobierno democrático capaz de admitir errores o dispuesto a ser llamado a cuentas. No deja duda tampoco que el respeto que le merecen los derechos humanos está sujeto, como en cualquier otro régimen autoritario, a sus necesidades políticas. Revela, por último, que la Procuraduría del DF, es sólo otro órgano partidario al que le resulta del todo irrelevante procurar justicia o cumplir con la ley.

El Reto

El día en que fue asesinado Paco Stanley, el pasado 6 de junio, las cadenas televisivas desataron una llorosa e histérica campaña de protesta en la cual responsabilizaron por la inseguridad pública al entonces jefe del gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, y demandaron reiteradamente su renuncia.

Como la ineptitud y la torpeza del gobierno cardenista fueron puntos centrales de la queja, el caso adquirió, de origen, el carácter de un desafío político. La Procuraduría quedó obligada a responder al reto encontrando de cualquier manera a los culpables.

Adviértase el punto: había que hacerlo, literalmente, de cualquier manera. De no ser por eso, quizá lo habrían pensado dos veces antes de incurrir en la imperdonable tontería de fundar las actuaciones judiciales en los imaginarios testimonios de un raterillo comprado con favores.

Como siempre ocurre, el hilo se rompió por lo más delgado.

Pruebas

Como Francisco Stanley consumía drogas y el homicidio tuvo los visos de una ejecución, resultó fácil atribuírselo a los narcos. La imaginación de un judicial con ambiciones de subprocurador -y ya se le hizo-, terminó por suponer que los autores eran los hermanos Amezcua, los "reyes de las anfetaminas". El motivo básico era evidente: tenían la enorme virtud de estar presos.

A partir de ahí bastaba con establecer un vínculo que uniera a la víctima con los supuestos autores. Los judiciales lo descubrieron...

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