Costó dinero, tiempo, vidas...
Era 1 de diciembre de 2006 y, tras una polémica elección y una accidentada toma de protesta, Felipe Calderón leía su primer discurso como presidente de la República, en el Auditorio Nacional.
En la parte medular de su mensaje a la nación, minutos antes de trasladarse al Campo Marte a pasar revista a las tropas como su nuevo comandante en jefe, Calderón leyó: "Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro: ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia".
Exactamente 10 días después, en la sala de prensa de Los Pinos, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció el Operativo Conjunto Michoacán, un primer despliegue de tropas (4 mil 260 soldados, mil 54 marinos y mil 420 policías federales) con la misión de "recuperar el territorio" que, se admitía, estaba en manos del crimen organizado. "La batalla contra el crimen organizado apenas comienza", anunció Ramírez Acuña, emulando a Calderón, "y será una lucha que nos llevará tiempo".
El 3 de enero de 2007, Calderón visitó el centro de control del Operativo Conjunto Michoacán, en Apatzingán. Vestido con una chamarra verde olivo y un quepí militar con el escudo nacional y cinco estrellas bordadas en negro -que le quedaban grandes-, volvió a anticipar una larga batalla, "una labor que quizás no dé frutos con rapidez". Y, días después, advirtió: "es una guerra, un tema que yo sé que será muy largo, que probablemente yo no vea el final como Presidente".
Diez años después, la guerra sigue y, según las cifras oficiales, no la va ganando el Estado mexicano.
Michoacán, el estado natal de Calderón, donde inició el combate, ha transitado del dominio de La Familia Michoacana al de Los Caballeros Templarios y, actualmente, al del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La estrategia de descabezar cárteles no funcionó, pues fraccionó a los grupos delictivos, generó nuevas generaciones de capos y propició enfrentamientos cada vez más violentos entre ellos, con consecuencias funestas para la sociedad civil.
Al final del sexenio de Calderón, los muertos sumaban más de 104 mil y los desaparecidos, más de 14 mil, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El gasto público en seguridad se multiplicó, hasta llegar a un billón de pesos en seis años. Se militarizó el país, con...
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