Cuestionamientos para una ley de cultura
| Autor | Cuauhtémoc Velasco Ávila |
Desde su nombramiento como presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Sari Bermúdez se propuso actualizar la legislación sobre cultura, argumentando la urgencia de atender la carencia de un marco jurídico unitario. Cinco años esperó para dar a conocer su propuesta: el 20 de septiembre pasado entregó al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura. La falta de proyecto y el alejamiento de la comunidad cultural que han caracterizado su gestión han tenido como consecuencia que la iniciativa no responda a las necesidades culturales del País y ni siquiera sea útil para atender las urgencias de los involucrados en actividades artísticas o de promoción y conservación del patrimonio cultural.
En julio de 2004, se filtró a la prensa el borrador de esa iniciativa, mismo que fue motivo de un rechazo generalizado de la comunidad cultural. Bermúdez se cansó de repetir que ese documento no era suyo ni representaba sus opiniones, pero la iniciativa presentada es esencialmente la misma de aquel borrador del que tantas veces se renegó.
Así, la iniciativa tiene como antecedente el manejo del proyecto a espaldas de la comunidad que se ocupa o preocupa por la cultura. Además, son muy claros sus objetivos: convalidar una estructura autoritaria que controle los espacios e instituciones abocados a la cultura, apoyando a las llamadas industrias culturales y, desde luego, liberar de trabas los capitales ligados al turismo en cuanto a la explotación y uso del patrimonio cultural.
Confundir para despistar
En este proyecto nada es lo que parece ser: en la "exposición de motivos" no se plantean los problemas por resolver ni se establece una correspondencia entre lo que quiere afrontarse y el instrumento legal propuesto. Como justificación se repite en varias ocasiones que no existe una ley específica acerca de la responsabilidad del Estado de alentar, impulsar, promover y difundir la cultura. Falta decir cuál es el sentido de esa acción y cómo se traduce en las instituciones y normas propuestas.
Más allá de justificaciones, en la iniciativa se vulnera un principio esencial del quehacer legislativo: antes de proponer es indispensable conocer la materia de que se trata, sistematizar la información disponible, así como definir un propósito claro y preciso.
Por ello, buena parte de la comunidad cultural ha insistido en la necesidad inexcusable de elaborar un diagnóstico que dé cuenta de la situación de las instituciones, organismos y políticas del sector cultural, de los actores que intervienen en el complejo proceso creación, recreación y protección del patrimonio cultural, y en este contexto discutir acerca del papel del Estado en sus diferentes niveles. No se conseguirá de otra manera construir un proyecto viable, consensuado y de verdadera utilidad para la población del País.
Refundar Conaculta
La iniciativa busca antes que nada la legitimación de Conaculta, toda vez que...
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