Mario Gutiérrez Vega / Migrantes, votos, remesas...: La apuesta política de los ausentes

AutorMario Gutiérrez Vega

En 1998 el colombiano Luis Javier Piñeda buscó su particular sueño americano. No quería una vivienda ni hacer fortuna en territorio estadounidense, pretendía dar voz a la comunidad migrante de su país en la Cámara de Representantes de Colombia.

La sede de su campaña oficial no era Bogotá. El centro de su promoción política estaba a miles de kilómetros de sudamérica, en Los Ángeles, California. Así, ejerció su derecho de buscar un puesto en el Legislativo porque podía intentarlo, amparado por la legislación colombiana.

Esta aspiración ha sido una de las mayores reivindicaciones logradas por un colectivo de migrantes de un país latinoamericano: votar y ser votado, aun residiendo en el extranjero.

El proyecto colombiano se adelantó al debate que hoy se intensifica en la mayoría de las naciones de América Latina, aquejadas por las altas tasas de migración y los desafíos que surgen del éxodo de población. La apuesta principal de gobiernos y colectivos de migrantes está dirigida a que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos en cualquier parte del mundo.

El reto parece monumental. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que hay 25 millones de latinoamericanos viviendo fuera de su país de nacimiento, de los cuales 11.2 millones son mexicanos, 4 millones colombianos y unos 2.8 millones salvadoreños, por mencionar algunos de los colectivos más numerosos. Estas poblaciones en el exterior se encuentran dispersas -y desconectadas entre sí- en Estados Unidos, Canadá y Europa, principalmente.

Ante esta perspectiva, los encargados gubernamentales de atender a las comunidades en el exterior de Argentina, Colombia, El Salvador, México y Uruguay aseguran que en cualquier proceso democrático es indispensable la participación política de la población migrante: dar voz y voto.

Esta apertura, aseguran los cinco funcionarios entrevistados por Enfoque, pretende reconocer la importancia que tiene la población residente fuera del país e involucrar a sus habitantes en la generación de políticas públicas, las cuales han permanecido ajenas a la diáspora (como también son llamadas las comunidades en el exterior).

Álvaro Portillo, director general de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, asegura que "es fundamental reconocer el ejercicio de los derechos políticos de los connacionales en el exterior como forma de fortalecer a la democracia y de garantizar un trato igualitario de los ciudadanos".

Más allá de la coyuntura de una elección, advierte Portillo, el beneficio político también lo obtienen las instituciones.

A diferencia de Uruguay, Colombia fue el país pionero de América Latina en el reconocimiento del voto y los derechos políticos de sus ciudadanos en el extranjero. Desde 1991 quienes residen fuera del país sudamericano pueden votar por presidente de la República y los cargos legislativos, además de postularse en el extranjero para un escaño en la Cámara de Representantes. Aun cuando la votación de la diáspora no ha sido determinante en una elección, la inclusión de la población en el exterior es considerada un verdadero triunfo. "El margen de votos...

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