Jaime Sánchez Susarrey/ Libertad de expresión
| Autor | Jaime Sánchez Susarrey |
Al mismo tiempo que Reforma recibe en España el premio José Ortega y Gasset de manos del rey Juan Carlos, la reportera Carolina Pavón y Alejandro Junco de la Vega, presidente y director del periódico, deben hacer frente a una demanda por difamación. El contrasentido es evidente. La ex jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, demandó a Reforma por el simple hecho de haber publicado los resultados de una auditoría practicada por el propio gobierno de la Ciudad de México. Y todo indica que el Ministerio Público le dio entrada sin que estuviese suficientemente documentada. Pero el problema de fondo, como bien se ha señalado, es que el Ministerio Público depende directamente del procurador de Justicia del Distrito Federal, que a su vez es designado y depende del jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Lo que en un litigio de esta naturaleza termina por transformar a la autoridad en juez y parte. Por eso se puede afirmar que en lo que se refiere al derecho de publicar información que afecte al gobierno, el sistema de justicia está viciado de origen. Las autoridades pueden proceder en todo momento contra cualquier medio que publique noticias o notas que hayan sido generadas por la propia autoridad. Y cuando así decidan hacerlo, serán al mismo tiempo la parte quejosa y el juez del supuesto agravio. Lo que les deja abiertas las puertas para ejercer presión y censura sobre los medios de comunicación.
Por otra parte, hay que subrayar que en esta materia son los gobiernos perredistas los que llevan la batuta y han batido todos los récords. Basta recordar que Samuel del Villar cometió una serie de abusos y contó para ello con el beneplácito y el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles. El proceso del asesinato de Paco Stanley fue, sin duda, el más notorio y escandaloso. La fabricación de un falso testimonio le permitió al entonces procurador "solucionar" el caso y presionar a TV Azteca. La inculpación y detención de Paola Durante, Mario Bezares, acusados de la autoría intelectual del crimen, y del Cholo fue completamente arbitraria. Y a pesar de que múltiples testimonios y pruebas confirmaban su inocencia, Samuel del Villar insistió contra viento y marea en mantener la acusación. Pero además, hostigó abiertamente a dos visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para presionarlos a ellos y a Luis de la Barreda, presidente de dicha Comisión, por haber emitido una recomendación favorable a Paola Durante. Todo...
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