Jaime Sánchez Susarrey / Informes

AutorJaime Sánchez Susarrey

Bajo el priato, el 1o. de septiembre era la fiesta del presidente de la República. Los informes eran solemnes y aburridos. La lista de cifras y logros, interminable. Su duración podía extenderse por cuatro o cinco horas. Pero también servían para señalar, regañar, advertir o anunciar medidas draconianas. Luis Echeverría fustigó desde la tribuna a "los riquillos", que no veían más allá de sus intereses, y López Portillo lanzó, como rayo a cielo abierto, el decreto de expropiación bancario.

Contrapunto: la respuesta del presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados se envolvía en loas y alabanzas. Los modos republicanos y el equilibrio de poderes brillaban por su ausencia. Nada era casual. El presidente de la República se comportaba como lo que realmente era: jefe de Estado, de Gobierno y del partido hegemónico en un sistema autoritario. Su palabra era la ley. Y ya se sabe que no hay forma sin contenido.

La tradición se rompió durante el gobierno de Miguel de la Madrid, particularmente al final de su mandato. Porfirio Muñoz Ledo lo increpó en el VI Informe y luego abandonó, en medio de una gritería, el recinto legislativo. El contexto político era otro. El PRI había perdido, por primera vez en la historia, la mayoría compuesta (dos tercios de los diputados) en la Cámara baja. Se inauguró así la tradición de las interpelaciones, los gritos y los sombrerazos. Salinas, Zedillo y Fox las padecieron a lo largo de sus respectivos gobiernos. El último zafarrancho fue incluso más allá: los diputados perredistas impidieron que Fox rindiera su VI Informe.

Es por eso que Felipe Calderón ha propuesto modificar el formato. Su oferta es abrir un diálogo con los diputados y senadores el próximo 1o. de septiembre. La iniciativa se inscribe en la lógica de un toma y daca: el Presidente accede al debate con las oposiciones a cambio de que se le permita hablar y presentar su Informe. La iniciativa, sin embargo, es descabellada e inapropiada por varias razones. Las más importantes no le son desconocidas a Calderón, pero sus ansias de novillero parecen haberle ganado en este caso.

La primera objeción es de orden legal y formal. En ningún sistema presidencialista se contempla la posibilidad de un diálogo directo entre los representantes populares y el titular del Poder Ejecutivo. La razón es muy simple: el presidente de la República, elegido por sufragio universal, es a la vez jefe de Estado (comandante supremo de las Fuerzas Armadas y responsable...

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