José Woldenberg / Derechos reproductivos
| Autor | José Woldenberg |
Anticoncepción, aborto, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y vida laboral y reproductiva son los capítulos del muy relevante informe que presenta GIRE junto con la Red de Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida, titulado Niñas y mujeres sin justicia. Se trata de una zona en la cual confluyen decisiones íntimas y políticas públicas y que impactan en forma directa -y en ocasiones dramática- la calidad de vida de las mujeres. Por razones de espacio me referiré solamente a cuatro de los seis capítulos.
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Las mujeres deben tener el derecho a decidir qué hacer y qué no con su sexualidad. Las diferentes técnicas anticonceptivas han logrado, para bien, escindir el ejercicio de la sexualidad y el placer de la reproducción. Son un avance que ofrece la posibilidad de modelar y modular la maternidad. Por ello, deben estar al alcance de todas. Y sin embargo, eso no sucede. Cierto, según las cifras aportadas, las adolescentes cada vez más conocen de su existencia, pero su accesibilidad -por estados- resulta muy desigual y el número de embarazos adolescentes sigue siendo alto. Por ello, ponerlos al alcance de todas sigue siendo una reivindicación con sentido. Pero precisamente porque se trata de una determinación que debe ser de la mujer, el informe de GIRE y RADAR, denuncia también la "anticoncepción forzada", la presión que en algunas instituciones de salud se hace sobre las mujeres para, por ejemplo, colocarles un dispositivo intrauterino. En este terreno, podríamos decir, el quid es información, educación, accesibilidad y decisión de la mujer.
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El marco normativo del aborto en México es muy desigual. Si en el DF existe la posibilidad de llevarlo a cabo de manera voluntaria durante las primeras 12 semanas de la gestación, en el resto de las entidades las causales varían. Por violación, en las 32 entidades, es motivo de exclusión de responsabilidad, pero por peligro de muerte de la madre solo en 23, por alteraciones genéticas o congénitas graves del producto en 16, por inseminación artificial no consentida en 12 y por causas económicas en 2. Lo óptimo sería extender a toda la República un modelo como el de la capital (en donde, por cierto, 1 de cada 4 abortos es de mujeres que viven fuera del DF), pero como bien señala el Informe, por lo menos sería conveniente generalizar en toda la República algunas causales para la interrupción legal del embarazo...
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