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Libran acusación ex mandos de PFP

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Vincent
AutorAbel Barajas

Por considerar que no había elementos probatorios para inculparlos, un tribunal federal absolvió en definitiva a 5 ex funcionarios de la Policía Federal Preventiva que la PGR acusó de comprar de forma "irregular" 5 aviones Cessna que tuvieron un costo de 10 millones 598 mil pesos.

El Décimo Tribunal Colegiado penal de esta ciudad determinó la absolución del ex director de Recursos Financieros de la PFP, Vicente Pérez Mendoza; el ex coordinador administrativo, Antonio del Río Soto y Juan Carlos Maldonado, jefe del Departamento de Adquisiciones.

También exoneró a Óscar Ochoa Ochoa, ex Director de Almacenes e Inventarios, y Norma Cano, quien atestiguó el contrato de compra de las aeronaves, según las minutas del Comité de Adquisiciones de la corporación federal, informaron fuentes judiciales.

Este caso inició con una querella que presentó en el 2001 la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública federal, en contra de los colaboradores del ex comisionado de la PFP, Wilfrido Robledo Madrid, por una compra de aeronaves registrada en el 2000.

La acusación contra funcionarios consistía en que la licitación de aviones era de carácter nacional, pero dejaron participar a empresas internacionales. Además, cambiaron las bases de la licitación, para que se adquirieran unidades nuevas y no usadas, como en principio se había previsto.

Originalmente, este concurso estaba previsto para que la PFP comprara 4 aviones Cessna usados -con proveedores nacionales-, que tendrían como destino el patrullaje en la frontera con Estados Unidos.

Cuando ya estaba hecha la convocatoria, se consideró hacer los cambios referidos a las bases de la licitación, porque los funcionarios verificaron que con el presupuesto que tenía la corporación, se podían comprar 5 Cessna nuevos en Estados Unidos y no 4 usados en México.

Debido a que legalmente estaban autorizados, los responsables de la corporación adquirieron 5 avionetas bimotor nuevas a un precio de 2 millones 119 mil 608 pesos por unidad, según un registro de la dirección de Contabilidad de la PFP.

En diciembre del 2001, la PGR consignó este caso en el que los acusados ahorraron recursos públicos. Se les imputó el delito de uso...

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