La llama de la indignación
| Autor | Andreas Schedler |
PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO E INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS
Hasta finales de septiembre, México estaba bailando alegremente sobre una catacumba de unos 95 mil muertos y 25 mil desaparecidos a manos del crimen organizado. Ahora, con el secuestro y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se interrumpió la música, se paró el baile. Hemos visto algo enteramente nuevo: una ola de solidaridad que sacude el país, con discusiones públicas y conversaciones privadas sin precedentes, con marchas y huelgas estudiantiles en todo el país.
El país llevaba bailando un buen rato. Desde la inauguración oficial de la democracia en el año 2000, México se encuentra inmerso en una guerra civil sin querer reconocerlo. Las guerras civiles, como las define la ciencia política contemporánea, son enfrentamientos entre grupos armados dentro de un Estado que causan más de mil muertes al año. México lleva superando este umbral desde el primer año de la democracia.
Emocionalmente, la política, los medios y los ciudadanos mexicanos han logrado mantener la violencia a distancia al pensarla como "narcoviolencia" o "narcoguerra", en la que cárteles luchan contra cárteles, narcos contra narcos, malos contra malos.
Concebir la violencia de esta forma inhibe la solidaridad ciudadana de muchas maneras. Hace invisible la violencia predatoria que los grupos criminales cometen contra la población civil y la violencia ilegal que el Estado comete contra cualquiera. Además, crea una división tajante entre ciudadanos y víctimas. Como la "guerra de las drogas" es una guerra entre criminales, se infiere que sus perpetradores son criminales, pero sus víctimas también. Son víctimas culpables, víctimas voluntarias. El lenguaje cotidiano lo expresa de muchas formas: "se lo buscaron", "se metieron en malos pasos", "anduvieron con los malandros", algo debían", "algo habrán hecho"...
No hay tierra más fértil para la indiferencia que la idea de las víctimas culpables. La indiferencia hacia las víctimas ha tenido una expresión institucional muy clara: la impunidad. Los homicidios atribuidos al crimen organizado se contabilizan, pero no se persiguen. El porcentaje de "narcoejecuciones" que lleva a condenas judiciales firmes es cercano a cero. En los hechos, el Estado mexicano ha consentido la privatización de la pena de muerte.
La indiferencia estructural hacia las víctimas cotidianas de la "narcoviolencia" también se ha visto en la opinión pública. A finales del año pasado, la...
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