Luis F. Aguilar / El Estado fragmentado

AutorLuis F. Aguilar

En estos meses muchas voces de políticos e intelectuales han exigido el retorno del Estado y la restauración de su rectoría sobre las actividades de las firmas económicas y organizaciones sociales que ocasionan perjuicio al interés público de la nación. El argumento de los restablecedores se basa en la premisa general de que la actividad rectora del Estado es la condición necesaria para que el país se eleve a nuevos niveles de seguridad, estabilidad, prosperidad, justicia, pero se sustenta más específicamente en la evaluación negativa que hacen de las tres decisiones estratégicas que han marcado la historia social del país en los últimos 30 años y que se tomaron para salir del despeñadero en el que caímos por obra del Estado rector de entonces: la democratización del régimen, la independencia de la sociedad civil, la liberación de los mercados. Se exige un Estado rector y un gobierno director para superar la democratización partidista, conflictiva e inefectiva, para superar el desigual compromiso social y cívico de las organizaciones de la sociedad civil y para corregir la decisión de liberar los mercados, a los que se atribuyen todos los males de la inequidad, la pobreza, el desempleo, la desnacionalización. En contraste, al mismo tiempo y con buenas razones, otras voces señalan que el retorno del Estado será socialmente productivo solo a condición de que no regrese con sus características arcaicas de autoritarismo e intervencionismo y, sobre todo, a condición de que supere su actual fragmentación intergubernamental e intragubernamental, que es la raíz de su incapacidad rectora. Este es el punto nuevo.

La rectoría del Estado es posible y será efectiva a condición de que el Estado reconstruya su unidad estructural y reconstruya la unidad operativa de su gobierno. Sin "estado unitario" y sin "gobierno integrado" no tendrá ni sentido ni eficacia la tan invocada rectoría estatal. Esta posición, que es hoy una referencia obligada de los estudios de gobierno y gestión pública, ha cobrado de pronto sentido en el país, pues no despierta confianza un Estado que regresa sin poder porque regresa dividido, descoordinado, desordenado, hasta incoherente, en su miríada de leyes, reglamentos, secretarías, organismos, programas, servicios, gastos...

En estos meses, en los que el gobierno democrático reivindica la rectoría del Estado para acreditar eficacia directiva y ofrecer resultados de valor social, el Estado (no solo) mexicano exhibe su desorden...

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