Oaxaca: camino al Tribunal
| Autor | Lourdes Morales Canales |
A una semana de que se realice la elección en el sureño estado de Oaxaca, los partidos políticos que contienden para la gubernatura, las 42 diputaciones locales y las 152 presidencias municipales ya acumulan expedientes y despliegan un ejército de abogados para una elección que antes de iniciarse la jornada, ya ha sido impugnada ante instancias locales y federales.
Hasta el momento, la coalición Unidos por la Paz y el Progreso -integrada por el PAN, PRD, Convergencia y PT- ha tramitado 28 quejas ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral contra diversos actores políticos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista, como el gobernador Ulises Ruiz, su esposa Lourdes Salinas y el ex dirigente local del tricolor Jorge Franco, por la violación a la normatividad electoral. También ha presentado tres recursos de apelación ante el Tribunal Estatal Electoral, y 15 juicios de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De igual forma, ha presentado dos denuncias penales en contra del gobernador ante la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR por su abierta intervención en el proceso electoral como coordinador informal de la campaña electoral del candidato priista, Eviel Pérez Magaña.
Por su parte, la Coalición por la Transformación de Oaxaca -integrada por el PRI y el PVEM- ha interpuesto 28 quejas ante el órgano electoral local, dos ante el Instituto Federal Electoral en contra del gobierno federal y ha presentado cinco denuncias penales ante la FEPADE en contra de Felipe Calderón Hinojosa, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, la primera dama, Margarita Zavala, y el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. A diferencia de la coalición opositora, la alianza PRI-PVEM no ha presentado ningún caso ante el TEPJF.
A este variado menú de justicia electoral, se suman las descalificaciones mediáticas y los cuestionamientos sobre la falta de autonomía, transparencia e imparcialidad con la que los órganos electorales estatales han resuelto sobre casos específicos.
En primer lugar, destaca la intentona del IEE de no actualizar la lista nominal de electores y no insacular a los ciudadanos que fungirían como funcionarios de casilla. Infringiendo la ley, se pretendía insacular a los mismos ciudadanos del proceso electoral federal 2009 y, en su defecto, a los del proceso electoral local del 2007.
Ante esta irregularidad, la coalición opositora a través de Convergencia...
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