El pacto y sus asegunes
| Autor | Ernesto Núñez, Jésica Zermeño y Martha Martínez |
Transformar a México a partir de 95 acciones que comenzarán a implementarse en 2013. Profundizar el proceso de democratización del país, fortalecer el Estado, democratizar la economía y la política, ampliar y aplicar eficazmente los derechos sociales...
Todo eso busca el Pacto por México, un acuerdo cuyos firmantes comparan con los Pactos de la Moncloa que, en octubre de 1977, consolidaron la transición española.
Sus promoventes destacan que, por primera vez, un acuerdo entre partidos políticos no toca solamente lo político-electoral, sino que contiene una agenda basada en las demandas y necesidades de la gente.
Se divide en cinco ejes: Sociedad de Derechos y Libertades; Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y Gobernabilidad Democrática.
Juan Molinar, promotor del pacto desde el PAN, señala que ese orden no es casual, sino responde a la prioridad que se quiere dar a cada tema. No en vano, menciona, el primer eje concentra 36 compromisos, y el segundo 37. Esto significa que dos terceras partes de los acuerdos tienen que ver con derechos sociales y crecimiento económico.
Comparado con un pacto exitoso (el del Seminario del Castillo de Chapultepec en 1989, que dio pie a la creación del IFE en 1991), es mejor porque abarca también temas no electorales, sostiene Molinar, quien diferencia este pacto de los intentos de reforma del Estado del 2001, que considera fallidos.
Luego de firmar el documento, todas las fuerzas políticas celebraron que inicie así la administración Peña Nieto, pero existen límites y riesgos que, los especialistas resumen en tres advertencias: si no aterriza en el Congreso, no será exitoso; si pretende cancelar el pluralismo, fracasará, y si no corrige errores en su implementación, perderá toda legitimidad.
A esto se añade otro peligro: que los dirigentes Gustavo Madero (del PAN) y Jesús Zambrano (del PRD) no han terminado de consensuar el acuerdo al interior de sus respectivos partidos y podrían enfrentar resistencias a la hora de implementarlo en las Cámaras.
Por lo pronto, el Pacto establece como acciones inmediatas: convocar a los partidos pequeños a firmarlo y presentar tres iniciativas de reforma: educativa, telecomunicaciones, y responsabilidad hacendaria y deuda de estados y municipios.
'Urge llevarlo al Congreso'.- Valadés
Si se quiere que el Pacto por México adquiera una dimensión histórica similar a la de los Pactos de la Moncloa, entonces debe aterrizarse ya en el Congreso de la Unión y convertirse en el Programa de Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Así lo advierte Diego Valadés, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participante en intentos previos de reforma del Estado y promotor en octubre de 2011 de un acuerdo para llegar a un gobierno de coalición.
"Habría que hacer que el pacto fuera enviado al Congreso para que el Congreso lo convierta en una línea de principios generales de la que se desprenda la futura elaboración del programa de gobierno y su sujeción a ambas Cámaras.
"En España, los dos Pactos de la Moncloa, el económico y el político, fueron remitidos al Congreso de los Diputados y al Senado, y en ambos cuerpos colegiados fueron aprobados. Se aceptaron los principios generales y se crearon las políticas públicas", explica.
Valadés no minimiza la importancia de este pacto, y subraya que por primera vez un acuerdo en México no se limita a una reforma político-electoral, como ocurrió en 1989, en 1996, en el 2000 y en el 2007, sino que abarca todo un elenco de temas.
Ve en este acuerdo la posibilidad de iniciar, al fin, una etapa de reformas institucionales muy importantes para México.
Uno de los aspectos más valiosos, desde su punto de vista, es que el documento recoge la agenda anti-Peña, o la agenda de sus opositores, como es romper con monopolios, la reforma educativa, la apertura del sector telecomunicaciones, el combate a la corrupción y algunos temas de democracia participativa.
"Todo denota que el conjunto del acuerdo sí es el resultado de una negociación en la que todos cedieron algo y todos conquistaron algo. Ésa es la naturaleza de un pacto bien negociado. Así ocurrió en España", insiste.
'No cierra el debate'.- Muñoz Ledo
Porfirio Muñoz Ledo, quien ha participado en los acuerdos políticos que se han ensayado en las últimas cuatro décadas, asegura que el Pacto por México es positivo, pero no debe ser visto como el fin del debate ni la cancelación del pluralismo.
Para el experimentado político (ex líder nacional del PRI y del PRD), el acuerdo no es comparable con los Pactos de la Moncloa, como lo han dicho los dirigentes que lo firmaron, pero sí representa una oportunidad para abrir el debate nacional.
"No se puede confundir pacto con cooptación, debe mantenerse el pluralismo político. Debe haber un juego entre gobierno y oposición para que funcione la democracia. Estes pacto hay que ampliarlo a más temas y a más actores, debe ser más incluyente. Para que los pactos funcionen tiene que haber debate, estos acuerdos no cierran el debate, lo abren sobre cada uno de los puntos que contiene", señala.
Muñoz Ledo señala dos condiciones para que este nuevo pacto funcione: que las fuerzas políticas diriman sus controversias internas, y que se esclarezcan los hechos violentos ocurridos el 1o. de diciembre en el marco de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
"El pactismo debe darse dentro de un pacifismo, debe haber un espíritu de paz y de concordia. Creo que hay todavía mucha agitación en las conciencias por los sucesos del día primero, yo hago un llamado a que se esclarezca todo este asunto para que podamos avanzar", agrega.
El ex diputado federal (la última vez bajo las siglas del PT en la LXI Legislatura) agrega que este pacto no tira por la borda 12 años de panismo.
"No. El panismo es simplemente un periodo afortunadamente superado. Al panismo le faltó calidad de Estado, y le sobró frivolidad", sentencia.
'Hay que cuidar las formas'.- Alcocer
Experto en temas político-electorales, testigo y actor de varios acuerdos de refundación de instituciones en el país, Jorge Alcocer ve con cierto escepticismo los mecanismos de implementación del Pacto por México.
En primer lugar, cuestiona la ambigüedad y generalidad de algunos puntos, cuya redacción dice todo y nada.
Pero, sobre todo, cuestiona que se otorgue a instancias como el "consejo rector" y la "coordinación técnica" del pacto facultades que legalmente no les corresponden, como la de proponer leyes.
"A mí me preocupa que si no se cuidan las formas, parecería que estamos creando un mini Congreso de la Unión", advierte, "no creo que la nueva etapa abierta por la segunda alternancia nos deba llevar al Estado de partidos. El Estado tiene sus instituciones, hay que fortalecerlas, hay que respetarlas. No estemos creando órganos paralelos, que se van a erigir, citándolos a ellos mismos, en un poder fáctico", advierte.
Por otro lado, señala que el Consejo Rector tendrá tres representantes del PAN, tres del PRD, tres del Ejecutivo y tres del PRI; es decir, seis de la oposición y seis del gobierno y su partido. Lo que haría imposible desempatar una decisión polémica.
Alcocer tampoco cree que sean los "Pactos de la Moncloa a la mexicana", pero sí valora su importancia por el hecho de ocurrir al inicio de un nuevo sexenio y una nueva alternancia.
"Su mayor valor radica en que al inicio de un sexenio las tres principales fuerzas se sientan a construir una carta de intención sobre un conjunto de temas que han agrupado en cinco grandes rubros. Es un documento que hay que seguir leyendo. Es muy extenso, tiene demasiados temas.
"Aunque los autores buscaron separar las temáticas en cinco ejes, en realidad también le haría falta otro cruce... está el cruce temático, pero le falta el cruce de responsables, tiempos y movimientos", añade.
El especialista considera necesario que los promotores del pacto señalen explícitamente cuáles son los compromisos directos del Ejecutivo, que puede ejecutar él solo; cuáles son los compromisos en los que el Ejecutivo y los partidos pueden actuar sin el Congreso; cuáles son los de agenda legislativa a impulsar ante el Congreso, no en lugar del Congreso; y cuáles los que deberán involucrar a gobernadores y presidentes municipales.
De los 95 puntos del pacto, añade Alcocer, 63 requerirán de una reforma legal en el Congreso.
Ahora, a superar inercias
Alejandro Canales
Investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
Un aspecto positivo es que...
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