Empresa/ Paquete financiero
| Autor | Alberto Barranco Chavarría |
La iniciativa presidencial girará en torno a tres vías: incentivar la participación de los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores; desregular las tareas de supervisión bancaria e impulsar la eficiencia en el sistema de pagos del país.
En el primer caso la pretensión habla de democratizar la participación de los inversionistas, abriendo desde un ángulo la posibilidad de que los fondos privados de retiro apunten a la compra selectiva de acciones que cotizan en el piso de remates, y desde otro facilitando la apertura de nuevas sociedades de inversión independientes.
Se trata, pues, de elevar al terreno legal la posibilidad que se había ventilado desde el nacimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, a cuya vera la Siefores, es decir, las instancias de inversión de las administradoras de fondos para el retiro, podrían sembrar gradualmente apuestas de riesgo entre las emisoras calificadas como triple A.
La ventaja sería ingresar a un escenario de mayores ganancias; la desventaja, el vaivén en que oscila el propio mercado el impulso de los vientos.
Ahora que los mexicanos al margen del esquema del SAR tendrían frente a sí la posibilidad de jugar en las sociedades de inversión, cuya principal virtud es la incorporación de la pequeña clientela al escenario reservado para los grandes inversionistas, vía la acumulación de masas de recursos.
Existen fondos que apuntan sólo a instrumentos de renta fija, es decir, emisiones públicas o privadas de deuda; a valores cotizados en el mercado accionario, o a una combinación de ambas.
Hasta el último día del año pasado estaban registradas 344 sociedades de inversión en el país, frente a las 191 que había en 1990; las 242 de 1994 o las 301 de 1997.
La propuesta de incentivar la actividad bursátil habla también de revivir la opción que representaba la Bolsa Intermedia en que cotizaban empresas catalogadas como medianas, cuyo sueño se esfumó en la falta de movimiento de los papeles que se pusieron en la mesa.
Por lo demás, el nuevo paquete financiero plantea atenuar la carga de supervisión de los bancos, que en ocasiones los lleva a entregar 147 informes diferentes por mes, ya a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
La marana, en ocasiones, apunta no sólo al traslape o duplicación de funciones, sino a la generación de conflictos de interés. Para no ir lejos, a veces no hay empate entre la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba