Plaza Pública / Castigo al abuso electoral
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
COMO LA MUSICA SINFONICA DISPONIBLE EN media docena de ciudades de la República, como la calidad de la investigación universitaria, como las marcas impuestas por Ana Gabriela Guevara, como el paseo armónico realizado en el de la Reforma por los gobernantes de México, el país y la ciudad; así el funcionamiento del Instituto Federal Electoral y el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es señal, entre muchas, de cuán bien pueden hacerse las cosas en nuestro país.
Esta semana, esos órganos electorales mostraron una vez más el alto nivel de su desempeño. Y eso mismo ha intensificado su riesgo, aunque sea paradójico, pues por valiosos se han vuelto incómodos, incontrolables. Por esa razón, los partidos deberían suscribir un compromiso ante los electores, por el cual se obliguen a abstenerse de recortar atribuciones al IFE y al Trife, y en cambio afianzar las que los convirtieron en órganos confiables para la sociedad mexicana.
Ese compromiso debería inhibir el ya expresado propósito de acotar y aun eliminar la posibilidad de que las autoridades electorales examinen actos de la vida interna de los partidos cuando lastimen a militantes y ciudadanos. Inmiscuirse de modo arbitrario en el interior de las organizaciones políticas es algo que los órganos correspondientes no han de hacer. Pero tampoco han de cohonestar con su actuación el apoderamiento de los partidos por sus burocracias o, peor aún, dejarlas en manos de familias. Y, en el extremo, de familias que son al mismo tiempo mafias negociantes.
Pero otras facultades de los órganos electorales resultan ofensivas para los partidos, y tenderán a suprimirlas o a dificultar su ejercicio. Las que conciernen a la vigilancia de los ingresos y los gastos se hallan en ese caso, especialmente porque las dos organizaciones que tienen ahora y probablemente mantendrán la mayoría en la Cámara de Diputados, han sido y serán sancionadas por irregularidades financieras.
Uno de esos casos concluyó el martes pasado. Se dijo entonces la última palabra, desde el ángulo electoral -pues en el orden penal apenas están en curso los acontecimientos- sobre el dinero de Pemex recibido por el PRI y no reportado al IFE. La resolución del caso, procesado en la sala superior del Trife, se contiene en un documento de 1382 páginas tamaño oficio, un verdadero monumento legal.
El prolongado procedimiento que culminó el 13 de mayo comenzó el 23 de enero del año pasado, cuando Pablo Gómez, representante del PRD ante el IFE, denunció el trasiego de cuantiosos recursos ilegales al Partido Revolucionario Institucional. Un mes atrás habían sido detenidos ex empleados de esa organización, como consecuencia de la denuncia realizada por la entonces Secretaría de la Contraloría...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba