Plaza Pública / Chocolates a los votantes
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Se esperaba con interés la edición del Diario Oficial del lunes pasado, 22 de agosto. Estaba anunciada la publicación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, al cabo de un conflicto en que el presidente Fox tuvo que dar marcha atrás. El Ejecutivo había decidido vetar esa ley mientras que los cañeros demandaban su entrada en vigor, y presionaron para que se publicara. Lo consiguieron y, en efecto, tal como se había pactado (a cambio de modificaciones que deben realizarse prontamente), allí estaba el decreto que expide la ley, en la página 56 del órgano oficial del gobierno mexicano.
Pero en su página 11 apareció, inesperado, sorprendente, el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados. El título es un eufemismo para esconder el más evidente de sus efectos, la regularización de vehículos internados en México con autorización temporal que han excedido los plazos respectivos y por lo tanto circulan ilegalmente. El modo de hacerlo fue anticipar la entrada en vigor de las cláusulas que rigen el mercado de automotores en el tratado de libre comercio, que tendrían vigencia a partir del 1o. de enero de 2009. De esa manera, no sólo se regularizan las unidades ya ingresadas en territorio mexicano, sino que se abrieron las fronteras para los autos usados, como ya se había hecho el año pasado para los vehículos nuevos.
De varios modos sorprendió la medida. De un lado, porque contradijo posiciones del propio presidente Fox, firmante del decreto. Y de otra parte porque la emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el principal bastión de la resistencia a ese género de autorizaciones. No resultó extraño por eso, por su condición inesperada, que se acusara al gobierno de adoptar esa decisión con fines electorales. No lo dijeron solamente partidos políticos de oposición que se aprestaban a impulsar por vía legislativa una medida semejante, y que lamentaban sobre todo que el gobierno federal les hubiera ganado una baza que estaban apenas por jugar. La crítica en esa dirección provino también del sector privado, no sólo de la industria y el comercio involucrados, sino el sector patronal en general. Emitió esa sentencia la Coparmex, y aunque matizó su juicio, lo hizo también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza.
Regularizar es un verbo ejercido con demasiada frecuencia en nuestro país, fruto de las relaciones al margen del derecho que eran propias de un régimen autoritario en que privaba la coyuntura por encima de la estructura y el favor político en vez de la acción gubernamental basada en la legalidad. La regularización es una suerte de hojalatería o herrería jurídica, en que se endereza lo...
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