Plaza Pública / Corte de La Haya

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

Tan pronto se conoció la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, un reporte de The New York Times advirtió que el máximo órgano judicial del mundo se había colocado "en curso de colisión con tribunales y funcionarios estadunidenses". Y mientras se escribían esas palabras, tomas de posición del gobernador de Texas y del procurador de Oklahoma corroboraron que no sólo habrá dificultades para ejecutar el fallo de la CIJ sino que puede ser causa de un choque entre ese organismo de la ONU y el gobierno de Washington.

Las instancias internacionales no entusiasman a los norteamericanos ni a su gobierno (excepto cuando pueden obtener una ventaja política en su provecho, como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en relación con Cuba). Estados Unidos no formó parte de la Sociedad o Liga de Naciones, el antecedente de la ONU. Washington se apartó durante largo tiempo de la UNESCO, a la que regateó sus cuotas, y prefiere con mucho el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la Asamblea General, donde sus iniciativas no alcanzan respaldo a menudo. De modo que es razonable esperar el alegato de que la CIJ se entromete en asuntos propios de Estados Unidos. Lo dijo con cruda llaneza el gobernador Dick Perry, que substituyó al ahora presidente Bush en Texas: "El fallo de la Corte no cambia nada... Como gobernador, la única voluntad que estoy obligado a acatar es la de los ciudadanos de Texas".

Esa contundente afirmación no es verdadera en todos los casos. La Corte Suprema de Estados Unidos puede emitir sentencias que obliguen al gobernador Perry, más allá de la voluntad de los texanos. El federalismo norteamericano es real, y se practica con vehemencia. Pero la ley norteamericana es clara al establecer que las relaciones internacionales son responsabilidad de Washington, y en ella se incluyen el reconocimiento a la autoridad de la CIJ y el acatamiento a sus resoluciones, así como la firma y ratificación de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, infringida por las autoridades que juzgaron a más de 50 mexicanos sin permitirles contacto con sus representantes.

Hay un antecedente ambiguo en este mismo caso, cuya presentación ante la Corte Internacional se produjo horas antes de que el canciller Jorge G. Castañeda dejara de serlo, en enero del año pasado. El 5 de febrero siguiente ese tribunal emitió una medida cautelar solicitada por el gobierno mexicano, consistente en ordenar la suspensión de las ejecuciones de...

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