PLAZA PÃBLICA / Aliento a la violencia sexual
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Decenas de agrupaciones civiles, defensoras de derechos humanos en general y los de las mujeres en particular, lanzaron el jueves pasado una severa interpelación al presidente de la República. En un desplegado aparecido en Reforma le preguntan "¿cuál es su compromiso con los derechos humanos y su marco normativo y legal de nuestro país? ¿Cuál es su compromiso con la transparencia y con la lucha contra la impunidad?" y "¿Cuál es el compromiso con las mujeres de México para promover normas, leyes y políticas públicas que les permitan vivir una vida libre de violencia?".
El móvil de sus inquisitivas interrogaciones es la inesperada y negativa modificación a la norma oficial mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, cometida el 28 de enero en sentido contrario al texto original aprobado el 21 de julio del año pasado, y cuya publicación se postergó probablemente en espera del momento de aplicar criterios religiosos a problemas de salud pública y de respeto a las personas. Ese momento llegó tras la presencia del presidente Calderón en el VI Encuentro Mundial de las Familias.
El caso tiene antecedentes remotos. Hace nueve años una niña de 13 años, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto fue violada por un asaltante a su casa en Mexicali, y quedó embarazada. Sus padres y ella misma resolvieron no mantener en su cuerpo la semilla maldita del agresor y obtuvieron del Ministerio Público, como lo dispone la legislación de Baja California, la autorización para abortar. Pero en el Hospital General de aquella ciudad piadosas damas y severos médicos rehusaron asistirla y la indujeron -la obligaron en último término- a dar a luz al producto de su desgracia.
Dada la gravedad de esa conducta, que impuso opiniones eclesiásticas al derecho de la jovencita, convertida contra su voluntad en madre-niña, diversas agrupaciones consiguieron llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano y las asociaciones denunciantes -entre las cuales se hallaba el Grupo de Información sobre Reproducción Elegida (GIRE)- llegaron ante la CIDH, en marzo de 2006, a un "acuerdo de solución amistosa" que dio lugar a la norma que ahora está en cuestión y que fue redactada dos años después del compromiso de generarla, en marzo de 2008. Se abrió entonces un periodo de consulta pública sobre su redacción y se aprobó un texto definitivo el 21 de julio siguiente, en el Comité consultivo de normalización y prevención y cuidado de...
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