Prevención: historia de un abandono
| Autor | Ernesto Núñez |
Diciembre de 2012, en su primera reunión con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y con sólo 15 días en la Presidencia, Enrique Peña Nieto quiso lanzar un mensaje que lo distinguiera de Felipe Calderón y su "guerra contra el narcotráfico".
A un país desangrado, con miles de muertos y desaparecidos tras un sexenio de guerra contra el narco, Peña Nieto ofreció un "México en paz, con respeto y protección a los derechos humanos", y anunció cinco líneas de acción para transitar de la Estrategia Nacional de Seguridad a una "auténtica política de Estado".
El mandatario priista destacó que un instrumento esencial de su nueva política de Estado contra el crimen y la violencia sería la prevención del delito y la participación ciudadana.
"Vamos a enfocar los esfuerzos institucionales para atender las causas del fenómeno delictivo y no sólo sus consecuencias", prometió.
Para concretar el cambio de estrategia a política de Estado, el Presidente anunció un programa transversal de prevención, con una comisión intersecretarial y un fondo de 2 mil 500 millones de pesos para llevar a cabo, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, múltiples acciones en tres ejes: mejorar el entorno urbano, promover empresas sociales y construir una ciudadanía responsable y solidaria.
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Aquella tarde decembrina, en los albores de su sexenio y con la campaña de "Mover a México" en marcha, Peña Nieto evitó mencionar la palabra "guerra" y privilegió en su discurso las palabras paz, tranquilidad, coordinación, justicia, Pacto por México.
Era un cambio radical en el discurso de su antecesor, que seis años antes, al tomar posesión, anunció una "guerra que costaría tiempo, dinero y vidas humanas".
Pero, en realidad, lo que hizo Peña Nieto fue poner en marcha una ley promulgada por Felipe Calderón el 24 de enero de 2012, que había quedado en el olvido: la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
La idea de generar alternativas al combate frontal contra el crimen también se plasmó como una de las acciones del Plan Nacional de Desarrollo: "Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred)".
Aunque el Pronapred se publicó en el Diario Oficial hasta el 30 de abril de 2014, se echó a andar desde enero de 2013, con un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos para financiar 5 mil acciones en 47 municipios, dos delegaciones de la Ciudad de México y ocho zonas metropolitanas.
Para el segundo año, se otorgaron 95 millones de pesos adicionales al Pronapred, y se incluyeron 16 demarcaciones más.
De acuerdo con un estudio de la organización México Evalúa, desde su arranque, el Pronapred tuvo errores de diseño que dificultaron su implementación, la continuidad de sus acciones y la evaluación de sus resultados.
El principal problema era la opacidad y la falta de criterios metodológicos para determinar qué demarcaciones se beneficiaban y cuántos recursos se les asignaban.
En 2014, México Evalúa profundizó su estudio, y detectó que de las 5 mil 588 acciones ejecutadas en el Programa, una tercera parte eran de logística e insumos, por lo que no tuvieron un impacto notable en los indicadores de prevención.
Las acciones que absorbieron la mayor parte del presupuesto eran de rehabilitación de espacios públicos. Pero, según el estudio, "en ellas no se demostró ser producto de la identificación de riesgos concretos y oportunidades para la comisión de delitos".
Acciones de acompañamiento académico o becas para jóvenes -de mayor impacto y eficacia- fueron muy escasas. Y, en contraste, las campañas mediáticas registraron una frecuencia y un peso presupuestal "desmedidos".
En aquel estudio, México Evalúa concluyó: "la mayoría de las acciones del Pronapred no será más que un analgésico para las enfermedades que afectan a las comunidades que atiende. Eso es mejor que nada seguramente, pero a todas luces insuficiente".
En 2015, al publicar su estudio, esta organización...
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