El PRI afianza sus feudos
| Autor | Karla Garduño Morán |
En los estados gobernados por priistas que este año eligieron presidentes municipales y diputados locales, el partido tricolor ganó el 90 por ciento de los distritos electorales y casi el 70 por ciento de los municipios.
Se trata de siete bastiones priistas (Oaxaca, Veracruz, Puebla, Durango, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa) en los que hace tres años la oposición había conquistado posiciones estratégicas, y en los que el PRI no pudo hacer ganar a su candidato presidencial Roberto Madrazo Pintado en los comicios del año pasado. Entidades en las que este año reaparecieron la violencia ligada a la política, las denuncias por el abuso del poder estatal y la figura del "carro completo".
Los triunfos, calificados por algunos como "elecciones de Estado" y por los priistas como "una muestra de la fortaleza del partido", ponen en evidencia -según expertos y legisladores de otros partidos- que a pesar de que el PRI ha pasado a ser la tercera fuerza a nivel federal, mantiene la hegemonía en lo local.
"Los gobernadores ya no tienen que rendirle cuentas al Presidente, como ocurría cuando el Presidente era priista, eran sus empleados para todo efecto práctico. En cambio, ahora están protegidos de un pacto de impunidad; el gobierno federal no los puede tocar y entonces ellos hacen y deshacen a su gusto en sus respectivos estados, se volvieron señores feudales y no vasallos del Presidente", señala José Antonio Crespo, politólogo e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
A pesar de que en las elecciones presidenciales del 2006 el candidato del PRI no resultó triunfador en ninguno de esos estados -en Durango, Puebla, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa ganó Felipe Calderón, y en Oaxaca y Veracruz, Andrés Manuel López Obrador-, este año el PRI se recupera, se echa a la bolsa 147 de los 163 distritos disputados en los siete estados y 510 de los 742 ayuntamientos. Según Crespo, esto se explica porque a nivel estatal predomina aún el sistema de partido y la disciplina priista.
"Donde gobierna, el PRI mantiene el esquema que prevalecía a nivel nacional: la línea, el dedazo de los gobernadores, sin rupturas importantes; y se mantiene un aparato electoral aceitado con recursos públicos que le permiten tener la eficacia que tenía cuando era partido hegemónico", dice el investigador del CIDE.
En el ámbito local existen menos contrapesos para que los mandatarios puedan ejercer su poderío, explica Luis Rubio, director del Centro de Investigación para el Desarrollo en México, A.C. (CIDAC), como podrían ser los mismos partidos de oposición o la iniciativa privada.
"El peso de los gobernadores es monumental, porque se han vuelto señores, dueños y amos de sus tierras. Hace 20 o 25 años un gobernador iba a hacer antesala a Hacienda para que le dieran fondos; hoy en día, los gobernadores reciben la mitad de los fondos del petróleo y no tienen que explicar para qué los usan. Cuando le hacen una auditoría es para los daños de hace cuatro años, no tiene ninguna consecuencia política", afirma Rubio.
Junto con Chihuahua, el primero de los siete estados priistas en elegir presidentes municipales y diputados locales en el 2007 fue Durango, donde según el diputado panista Jorge Alejandro Salum, arrancó un experimento priista para ver cuál era la reacción de la sociedad y las autoridades ante la intervención del gobierno estatal.
"Me parece que fue el primer estado donde no hubo prácticamente ningún límite en el uso de recursos públicos para los candidatos del PRI", considera el legislador.
El experimento resultó, comenta Salum, pues no se llevó a cabo proceso alguno en contra de ninguna autoridad a pesar de las denuncias. En los siguientes estados con elecciones locales, los gobernadores y el PRI fueron acusados de utilizar recursos de programas públicos con fines electorales.
En Puebla, por ejemplo, el PAN presentó ante el Instituto Electoral 22 denuncias, 13 de las cuales tienen que ver con el tema, como el reparto de despensas del Sistema DIF estatal en colonias del distrito 3 a cambio de la credencial de elector; la solicitud a funcionarios públicos, a través de documentos internos, para apoyar a la coalición PRI-PVEM; la presencia de funcionarios de gobierno en casas de campaña, y la utilización de oficinas y vehículos de dependencias para el servicio de los candidatos, entre otras...
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