El PRI y Pemex
| Autor | Abel Barajas |
Acusados de transferir ilegalmente fondos públicos para la campaña electoral del PRI en el 2000, ex funcionarios, dirigentes sindicales, políticos y el mismísimo ex candidato presidencial Francisco Labastida parecen caminar al patíbulo.
La Policía tiene en sus manos las pruebas y hasta las placas del carro. Sí, consta en el expediente penal cuál fue el vehículo en el que son conducidos millones de pesos de arcas públicas con destino ilícito de fines partidistas: una camioneta Grand Cherokee negra, 1998, placas 309 KAA, propiedad de Labastida.
El Pemexgate pone a punto del colapso al País. La amenaza de una huelga en Petróleos Mexicanos, pospuesta en una ocasión, estuvo a horas de convertirse en realidad.
Súbitamente cambian los escenarios de tranquilidad. Pero si la amenaza de huelga en Pemex es un punto de tensión entre el Gobierno y el PRI en el 2002, las consecuencias de esa investigación penal pueden ser fatales en el 2003.
El PRI puede ser multado si las indagatorias concluyen con la sanción de los sospechosos. La multa sería millonaria y el otrora invencible tricolor estaría prácticamente hipotecado y con su registro legal en peligro.
También pende la amenaza de encarcelar a prominentes dirigentes políticos del PRI.
El motivo: en 1994, Pemex paga y presta de manera presuntamente ilícita al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) un total de mil 100 millones de pesos, en 2 convenios amplios, divididos a su vez en 12 convenios administrativos sindicales, 3 apoyos económicos y un acuerdo de compensación especial.
La acusación es el resultado de auditorías iniciadas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) en la empresa paraestatal desde enero del 2001, en los primeros días de Gobierno del Presidente Vicente Fox.
El cuestionamiento es que ninguna de las aportaciones contó con la autorización del Consejo de Administración de Pemex, ni existe previsión presupuestal para ellas, además de que se otorgan para cubrir rubros "no especificados en el Contrato Colectivo" o que ya habían sido liquidados.
La denuncia penal tiene hasta ahora como principal acusado a Rogelio Montemayor Seguy, ex director Corporativo de Pemex, ex Gobernador de Coahuila y prominente priista en otra época ligado a Carlos Salinas de Gortari.
También a los coahuilenses Carlos Juaristi Septién y José Domene Berlanga, ex directores corporativos de Administración y de Finanzas de la paraestatal, respectivamente, y Julio Pindter González, subdirector de Relaciones Laborales de Pemex en la última década.
Por primera vez, la Secodam disparaba contra una dirigencia sindical, la petrolera, incluido su líder, Carlos Romero Deschamps; el tesorero, Ricardo Aldana Prieto; el secretario de la Sección 24 con sede en Salamanca, Fernando Pacheco Martínez, y el presidente del Consejo de Vigilancia, Manuel Limón Hernández.
Retiros y sorteos millonarios
Aparentemente todo iba a terminar con la presunción de "un desvío de recursos federales". Pero las cosas cambian cuando Guillermo Fromow Rangel, director de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Secretaría de Hacienda, responde a un pedido de la PGR.
El funcionario reporta a la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) que un grupo de seis personas habían retirado 500 millones de pesos en 10 días y que los retiros, hasta de 100 millones de pesos, no correspondían a su capacidad adquisitiva, la cual no rebasaba los 400 mil pesos anuales.
Alonso Veraza, Melitón Cázares, Andrés Heredia, Elpidio López, Joel Hortiales y Gerardo Trejo Mejía tienen en común haber cobrado el dinero en una cuenta del STPRM en Banorte, pero también haber sido miembros de la campaña de Francisco Labastida en el 2000.
En enero de 2002, tres de los sospechosos se acogen al Programa de Testigos Protegidos de la PGR...
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