La reforma de justicia, en los hechos
| Autor | Ernesto Canales Santos |
Los más de 5 mil homicidios que ocurrieron en el país en el 2008 han provocado, entre otras reacciones, que segmentos importantes de la población clamen por que se incrementen las penas y la intervención militar y policiaca como medidas para acabar con esta terrible violencia.
El tema merece ser tratado de una manera completa, a riesgo no sólo de no contribuir a una solución, sino de que se agrave la inseguridad pública. México tiene enfrente la tarea de implementar una reciente reforma constitucional sobre seguridad y justicia penal; es vital entender la manera en que los conceptos constitucionales pueden incidir en esta gran preocupación ciudadana sobre seguridad pública y aprovechar para que su implementación atienda las demandas de la sociedad civil; las autoridades pueden convertir esta tarea en una gran oportunidad política.
Para ayudar a tener una visión completa, hay que analizar la manera en que ha funcionado el sistema de procuración de justicia penal vigente; desde la forma en que se ha llevado a cabo la persecución de los delitos -la función policial del Estado- hasta cómo ha trabajado la administración de la justicia penal -los procesos o juicios penales, propiamente dichos-.
En este análisis encontramos que:
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La policía, fraccionada en federal, estatal y municipal, con prácticamente nula coordinación, ha estado al servicio de Ministerios Públicos que cuentan con facultades discrecionales muy amplias, ejercitadas en lo oscuro y con mínima intervención judicial, lo cual provoca corrupción.
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Las actividades de averiguación e investigación de los delitos, propias de las policías, se han realizado en un marco en el cual la profesionalización ha chocado con la prevalencia de los intereses de los Ministerios Públicos en turno, o de sus respectivos jefes, en los gobiernos federal y/o estatales.
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La actuación policiaca ha carecido de reglas que aseguren que se cumpla con su importante doble función: garantizar la seguridad pública y someter a la justicia a los que delinquen; el enorme poder policiaco del Estado se ha encontrado fuera de control legal y, por ende, del judicial o ciudadano.
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En cuanto a los procesos o juicios penales, el sistema que ha estado vigente hasta ahora no ha sido conducente a encontrar la verdad; al contrario, el desequilibrio de facultades a favor del Ministerio Público en contra de víctimas, acusados y de los mismos jueces; el formalismo de crear expedientes que no facilita un hilo conductor del proceso...
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