Secuestro: historia de impunidad

AutorOctavio Ortega

La renuncia del Estado a investigar y perseguir el delito, para supuestamente facilitar la negociación y pago de rescates a secuestradores; el asesinato de víctimas, la falta de información oficial y la colusión de elementos policiacos con los criminales son características presentes en los plagios de mayor impacto ocurridos en las últimas cuatro décadas.

Enfoque analizó 50 secuestros de alto impacto, la mayoría cometidos contra personajes prominentes o familiares de éstos (políticos, empresarios, deportistas y artistas) y algunos casos que obtuvieron notoriedad por el desenlace de los mismos. De ellos, sólo cuatro fueron resueltos por las autoridades con la liberación de la víctima y sólo en 17 se informó sobre la captura de los delincuentes.

En 20 casos se tiene registro del pago del rescate por la liberación de la víctima; en 11, se asesinó a los retenidos; en ocho, se liberó a la víctima sin que se confirmara el pago del rescate; en dos, se realizó un intercambio de personas y en otros dos, la víctima permanece desaparecida.

Sólo en siete de los 50 plagios estudiados los secuestrados fueron liberados sin que se pagara rescate: cuatro fueron recuperados por cuerpos policiacos, dos lograron escapar y uno fue dejado en libertad por sus captores, aunque se sospechó de que se trató de un montaje.

En cuanto al castigo a los plagiarios, de los 50 casos analizados, sólo en 12 se logró la captura de al menos uno de los autores del delito; destaca que en el caso del menor Fernando Martí se han presentado a dos presuntas bandas acusadas por la comisión del mismo delito.

Fuera de la consideración de castigo se dejaron los casos en los que miembros de movimientos armados practicaron secuestros (19 de los analizados) y posteriormente quedaron involucrados en actos reactivos del gobierno, dentro de la llamada Guerra Sucia, en los que si bien se presentó una acción gubernamental, no se puede considerar como impartición de justicia.

Evolución histórica

Max Morales, abogado y especialista en negociación de secuestros, refiere que los casos de gran impacto han posicionado a México con cinco lamentables récords.

Primero, el rescate de Harp Helú sigue siendo el más caro que se ha pagado en el mundo por una sola persona, más de 30 millones de dólares.

Segundo, la retención más larga de un plagiado, hasta 1990, fue la de Juan Bosco Gutiérrez Cortina, quien duró nueve meses retenido.

Tercero, en 2004 el secuestro de Catalina Esper Sulaimán volvió a marcar al país, al sufrir un plagio de más de 20 meses, el más largo hasta la fecha.

Cuarto, para el especialista, estos antecedentes explican por qué el país ha llegado al deshonroso primer lugar mundial en secuestros.

Quinto, México se ubica como el lugar donde más personas han sido secuestradas para obtener un beneficio económico.

Morales divide en cinco etapas la historia de este delito.

La primera se caracterizó por el secuestro de políticos; la segunda, por el plagio de medianos empresarios; la tercera, empresarios de alto rango; la cuarta, por "la industrialización" del delito, y la actual, la quinta, definida por la complicidad de policías.

Hoy en día, afirma, se presentan todas las modalidades de secuestro en el país y todas las clases sociales lo padecen.

El abogado asegura que desde la primera etapa, que inició en los setenta, el gobierno comienza a fallar.

"En esa época el gobierno tuvo como máxima que no iba a transigir, no iba a pactar, y terminaban pagando", expresa.

Considera que el primer periodo culmina con la creación de la Brigada Blanca y el exterminio de la Liga 23 de Septiembre.

La segunda etapa, detalla, corresponde a los plagios cometidos por Modesto Vivas Urzúa, que concentró su actuación en Morelos, pero dejó muestra de impunidad por la continuidad de sus delitos.

"Con Modesto Vivas Urzúa, La Víbora, se dan secuestros en serie, de una semana por delito, con montos de 100, 200, 300 mil pesos y se va sobre empresarios", explica.

"Luego se da esta etapa con Harp Helú, que se da porque para ellos (los grupos subversivos) representaba una forma de financiamiento y así lo habían aprendido en Corea del Norte", considera.

La cuarta etapa fue protagonizada por la banda de Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, en los años noventa, y es el detonante de la situación actual.

"Arizmendi es el secuestrador que más dinero ha obtenido como delincuente, pues logró más de 40 millones de dólares en una época. Nos tardamos casi un año en capturar a Arizmendi, todo parecería indicar que al capturar al secuestrador más infame y monstruoso de la humanidad, al llegar a esa cúspide, se disminuiría el secuestro, pero a partir de ahí se incrementó.

"La errónea exhibición por parte de la PGR, que sin ser el secuestro un delito federal atrajo el caso nada más por un interés económico, por quererse quedar con el dinero de Arizmendi... Copiaron el modelo de la Brigada Blanca y crearon un grupo especial en el Cisen, pero nace una participación directa de policías en el secuestro en México, eso fue lo que lo detona. La mayor parte de los secuestradores terminó siendo un grupo de la PGR, el Grupo Yaqui, y eso lo dijo el general Macedo.

"El problema de México a partir de 1997 no es la delincuencia organizada, son los policías organizados en delincuencia. Es un antes y un después de Arizmendi", considera.

Otra marca que los secuestros de alto impacto han dejado a México, según Max Morales, es el freno a la economía.

"La mayor implicación para México es que los grandes empresarios, en un 85, 90 por ciento, temen ser secuestrados. Son los socios de los inversionistas extranjeros y, entonces, esa gran inversión está parada para México desde 2006. Cuando un inversionista extranjero está queriendo invertir en México lo primero que pide es una escolta con armas, coches blindados y seguro antisecuestros.

"Cuando el Presidente quería que todo mundo mintiera para que hablaran bien de México, viene el secuestro de Diego Fernández de Cevallos; es la piedrita que derrama el vaso", lamenta.

Descomposición del Estado

Jorge Carrillo Olea, primer director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), considera que la impunidad prevaleciente en los secuestros de alto impacto es un factor que promueve el florecimiento de esta "industria" en México.

"La impunidad es el primer promotor de la proliferación del delito; si queremos reducir la proliferación del delito tenemos que hacer punibles todos los actos delictuosos y recordemos que en México sólo el 2 por ciento de los delitos termina en sentencia inculpatoria", señala.

Carrillo Olea asegura que si el Estado no puede proteger a los miembros de las élites políticas o empresariales, menos al ciudadano común.

"Vemos en la televisión tres barrigones que pescaron en Tlalnepantla, que habían hecho un secuestro, ésos son gente improvisada que como cada día los valores están más bajos creen que pueden hacerse de un dinero.

"¿Qué título le ponemos a todo esto?, yo diría que se le puede poner 'falta de habilidad para ejercer la autoridad'", expresa.

La evaluación de Carrillo Olea refiere años de descomposición.

"La sociedad, de manera inercial, ha entrado en una cultura distinta a la que vivíamos hace 15 años. Hemos venido acostumbrándonos a vivir en una forma en la que nos han empujado estos tres últimos gobiernos, Zedillo, Fox y el actual. Ya...

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