Sufren extorsiones vendedores de casas
| Autor | Francisco Ortiz |
Extorsionar a pequeños y medianos inmobiliarios en el Estado de México es la moda de fin de sexenio que realizan agentes judiciales de la Procuraduría mexiquense.
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección metropolitana del Edomex, registra casos de extorsión en municipios como Tlalnepantla, Coacalco, Izcalli, Tepotzotlán, Tultitlán y Atizapán, a pesar de que cuentan con los permisos para comercializar los inmuebles y tener todos sus documentos en regla.
Afirman que en el último mes, elementos de la Fiscalía del Medio Ambiente y Delitos Cometidos por Fraccionadores han ejecutado inspecciones fuera de la norma, y obligan a sus empleados a resolver las anomalías mediante arreglos económicos con las inmobiliarias que oscilan entre los 20 mil y 30 mil pesos.
En la mayoría de ellos, los judiciales fingen solicitar informes en la caseta de ventas; una vez que obtienen los datos, solicitan a los empleados el permiso de comercialización.
Al no obtener el documento, que generalmente está en las oficinas corporativas de cada inmobiliaria, detienen a los trabajadores y los trasladan a la Fiscalía ubicada en San Juan Ixhuatepec, y es ahí donde consuman la extorsión.
Creemos que están aprovechando que está por terminar la administración, es una situación clásica de final de sexenio, acusó Manuel Hernández, presidente de la AMPI metropolitana.
Uno de los empresarios que fue extorsionado, y que solicitó su anonimato para externar su testimonio, aseguró que los agentes judiciales alegan el delito de venta clandestina, aunque una vez que se presenta toda la documentación solicitada alargan la solución del caso para obtener el pago.
Reynaldo Cervantes, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial mexiquense, consideró que se trata de una redada de esta Fiscalía contra empresarios del ramo inmobiliario.
La manera de proceder es la misma, llega una persona que se hace pasar por cliente y unos minutos después llegan agentes de esta fiscalía solicitando los documentos en original y copias.
Al no acreditar la documentación, estas personas detienen a los vendedores y prácticamente los secuestran, sin que medie orden judicial, citatorio y sin acreditarse, denunció Cervantes.
El consejo de empresarios externó su preocupación a las autoridades estatales, a través de la Secretaría de la Contraloría, dependencia que en respuesta envío más de 2 mil calcomanías en las que se pide a ciudadanos, comerciantes y empresarios denunciar...
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