Truena General en BC
REFORMA / Staff
TIJUANA.- El General de División Sergio Aponte Polito, Jefe de la Segunda Región Militar, exhibió ayer la red que el narcotráfico ha tejido entre policías y autoridades responsables de la procuración de justicia en Baja California.
Aponte elaboró e hizo circular un informe de 13 cuartillas dirigido al Procurador estatal de Justicia, Rommel Moreno, quien públicamente le exigió al General probar sus acusaciones de que existe corrupción en las corporaciones policiacas.
El General da cuenta de que hay elementos que acuden quincenal y mensualmente a las narcotienditas a cobrar sus cuotas por la protección que les brindan a los narcomenudistas.
Algunos protegen a delincuentes dedicados al tráfico de personas, otros cuidan el descenso de aeronaves que trasladan enervantes, fungen como escoltas de los principales líderes del narcotráfico y hasta alquilan sus patrullas para el traslado de droga, reveló en la carta al Procurador.
"(Hay) Funcionarios que buscan ostentar el poder para favorecer a las organizaciones criminales, como es el caso de su asesora, a quien se le relaciona con una gran cantidad de irregularidades que han perjudicado a la sociedad, relacionándola también con una organización denominada "El Comando Negro" que operaba en Ensenada, B.C.
"Agentes y peritos modifican escenas del crimen y desaparecen pruebas, para evitar el esclarecimiento de los delitos y favorecer a los delincuentes.
"(Hay) Funcionarios encargados de la administración y procuración de justicia que realizan una mala integración de las averiguaciones previas para evitar la consignación de los detenidos o favorecerlos durante su proceso judicial".
En su carta, Aponte señala que la sociedad ya no cree en las corporaciones policiacas y que ahora sólo confía en el Ejército, al que le ha hecho llegar sus denuncias.
"Señor Procurador: "Hago de su conocimiento que, debido a la confianza que la sociedad le tiene al Ejército, actualmente las unidades militares de la Segunda Región Militar disponen, aproximadamente de 2 mil denuncias ciudadanas.
"Algunas señalan hechos de corrupción por parte de empleados y funcionarios que engañan y abusan de la ignorancia, pobreza y debilidad de la gente", señala.
En el documento, enumera además 11 casos específicos de policías y funcionarios involucrados con narcotraficantes, en el que cita nombres, fechas, documentos oficiales y hasta averiguaciones previas.
"Que decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneran por tener vínculos con la delincuencia organizada", señala en la carta al Procurador.
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