La urgencia del nuevo sistema penal

AutorCésar Camacho

Doctor en Derecho por la UNAM.

Para los mexicanos, el asunto de mayor preocupación es la seguridad. Pero seguridad y justicia son un binomio indisoluble, pues seguridad sin justicia es arbitrariedad, y justicia sin seguridad es demagogia.

Analizando el tema desde esta perspectiva, podemos afirmar que la falta de confianza en las instituciones de procuración de justicia es evidente: sólo se denuncian 12 de cada 100 delitos que se cometen, y únicamente en tres de estos casos se completan las investigaciones, de las que sólo dos son consignadas, lo que abona a la percepción generalizada de que impera una ofensiva impunidad.

Precisamente por ello es que después de intensas discusiones, considerando la cultura jurídica del país, adaptando, que no adoptando, instituciones y figuras jurídicas del Derecho Comparado, con el comprometido trabajo de legisladores de todos los partidos políticos y después de enriquecedoras consultas con las organizaciones de la sociedad civil y con especialistas, se creó el nuevo sistema de justicia penal que consigna ya nuestra Constitución, contenido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Se trata de un sistema garantista que, al tiempo que respeta los derechos humanos de todos quienes se ven involucrados en el procedimiento, proporciona herramientas para que la lucha contra la delincuencia organizada sea eficaz. Un entramado legal que supera el falso dilema entre seguridad o justicia, pues parte de la convicción de que este binomio no sólo es necesario, sino indispensable para lograr una vida más civilizada en un Estado genuinamente democrático.

La Constitución otorgó un plazo máximo de ocho años para la implementación cabal del sistema acusatorio. Vale la pena recordar que el artículo 9º transitorio de la reforma establece que "dentro de los dos meses siguientes a su entrada en vigor, se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las conferencias de seguridad pública, procuración de justicia y de presidentes de tribunales, la cual contará con una secretaría técnica que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten".

El 13 de octubre del mismo año, el Ejecutivo federal expidió un decreto para crear el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, apoyado en la prevista secretaría técnica, constituida como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

Como puede advertirse, en su conformación domina la presencia del Ejecutivo federal, y sólo participan algunas autoridades locales, un integrante de la academia y uno de la sociedad civil, con lo que la Presidencia de la República se arrogó prácticamente el dominio de la instancia.

Al Consejo se le dio el encargo de establecer la política y la coordinación nacionales necesarias para concretar, en los fueros federal y de las entidades federativas, el sistema acusatorio. La intención parecía ser que el Ejecutivo federal se hiciera cargo del desarrollo armónico, y jurídicamente riguroso de la reforma, pero los hechos han demostrado lo contrario, pues los avances son modestos y magros los resultados. Prueba de ello son las deficientes acciones en el ámbito federal y lo desacompasado de su implementación en el ámbito local.

En contraste, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país, sin tener la obligación legal de hacerlo, diseñó un código procesal penal "tipo" que ha servido como referente para algunas entidades que han mostrado interés por instaurar la reforma penal.

Un elemento que permite analizar la importancia que le ha dado el gobierno federal al tema es la asignación de recursos federales, que en 2009, 2010 y 2012, fueron comprendidos dentro del presupuesto destinado a la Secretaría de Gobernación, con toda la discrecionalidad que de ello se deriva; solo en 2011 hubo recursos específicos por 443 millones 424 mil...

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