Prefieren ampliar las vialidades
| Autor | Alan Miranda |
El Gobierno federal decidió sacarle jugo a los derechos de vías existente sobre carreteras y autopistas.
Ante la dificultad a la que se enfrenta para adquirir nuevas tierras para la construcción de proyectos carreteros, quiere aprovechar esos derechos para hacer nuevas vialidades, segundos pisos o deprimidos que ayuden a mejorar la movilidad en el País.
Así, proyectos como la autopista La Marquesa-Toluca, el segundo piso de la México Puebla y el de la México-Acapulco librarán las complicaciones que suelen estar asociadas a la liberación de los terrenos, además costarán menos.
Marco Medina, analista de construcción de la firma financiera Ve Por Más, explicó que uno de los mayores problemas a los que se enfrenta tanto el Gobierno federal como la iniciativa privada para la construcción de infraestructura carretera es la dificultad para liberar los terrenos sobre los que correrán las nuevas vialidades.
Ésta es una obligación del Gobierno federal, incluso cuando las autopistas son concesionadas a entidades privadas.
Sólo hasta que cierto tramo de tierra ya fue comprado, pueden comenzar las obras en él.
Sin embargo, de acuerdo con Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, suele haber un rezago.
Las licitaciones se lanzan cuando el Gobierno tiene bajo su control por lo menos 40 por ciento de los terrenos necesarios, pero conseguir el resto puede complicarse.
Por esta razón, se han registrado retrasos de varios años en proyectos como la Autopista Durango-Mazatlán, entre Durango y Sinaloa, o la Barranca Larga-Ventanilla, en Oaxaca.
Lejos de ser fácil, el proceso tiene un alto grado de complejidad.
De acuerdo con los manuales para la liberación del derecho de vía, se necesitan hasta 38 trámites para asegurar la propiedad de los terrenos.
Entre éstos, destaca la elaboración de avalúos, inspecciones de notarios, pago de impuestos, cálculo y pago de bienes ubicados dentro de las tierras -como construcciones, cosechas, árboles, pozos, cercas, entre otros- así como obras inducidas.
Esto, sin considerar que, en ocasiones, pueden surgir problemas legales derivados de inconformidades de grupos indígenas -a los que el Gobierno y las empresas están obligados a consultar antes del inicio del proyecto- u otros grupos sociales.
Por si fuera poco, los recursos que el Gobierno debe desembolsar para entregar las tierras liberadas a la empresa concesionaria también son considerables, y así lo demuestran datos de...
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