Abandonan en Monterrey megaedificio
| Autor | César Cepeda |
Corresponsal
A cuatro años de iniciada su construcción y a dos de que debió haber sido terminada, la Torre Administrativa del Estado, también conocida como VIP, luce un exterior monumental, pero un interior todavía en obra gris y con trabajos prácticamente abandonados.
Las labores de acabado, equipamiento y amueblado de este edificio -que hasta ahora le ha costado al Estado más de 400 millones de pesos, además de millones mensuales en rentas duplicadas- están congeladas desde hace cuatro meses y sin indicios de concluirse.
Ni siquiera hay un plazo oficial para que los trabajos se reanuden o para que se entregue concluido el edificio, programado en un esquema de asociación público-privada con una inversión de mil millones de dólares y presuntamente para que el Estado no aportara un solo peso en su construcción.
Un reportero y un fotógrafo de REFORMA ingresaron de forma encubierta al inmueble y recorrieron a detalle 17 de sus 36 pisos.
Lo que encontraron fue abandono.
Los elevadores están inconclusos, sólo algunos pisos tienen instalados los ductos de aire acondicionado en el techo, el sistema de incendios tampoco está listo y la mayoría de las paredes está en obra gris.
También se pudo comprobar que el edificio no tiene energía eléctrica.
Durante el recorrido no se observó más que una mínima actividad en el sótano de este edificio de Gobierno, cuyo contrato ganó originalmente la constructora brasileña Andrade Gutiérrez en el 2007, consorcio convertido después en Torre Cívica, en el que también participa la regiomontana Inveregio.
La entrada principal giratoria del edificio, localizada por la calle Washington, frente al estacionamiento del Parque Fundidora II, usualmente está cerrada y la explanada frontal está habilitada como zona de obras para albergar arena y material.
La Torre fue uno de los proyectos insignia del ex Gobernador Natividad González Parás, quien la justificó asegurando que la inversión se recuperaría con el ahorro de rentas oficiales que se dejarían de pagar, además de asegurar que el Estado no aportaría recursos a la obra sino hasta recibirla.
La autoridad ha atribuido el incumplimiento en los tiempos a la necesidad de obras no contempladas en el contrato, como la instalación del sistema de voz y datos, y a la falta de recursos para realizarlas.
En el recorrido de REFORMA, realizado en día y horas laborales, sólo en el sótano se detectó a seis trabajadores contratistas realizando labores de soldadura y armado de estructuras...
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