Los absurdos de la iniciativa
| Autor | Jorge Alcocer V. |
Aunque los propósitos que animan las iniciativas presidenciales son plausibles, se sustentan en un diagnóstico equivocado, contienen medidas que, de ser aprobadas, lesionarán derechos y garantías individuales, introduciendo en la Constitución flagrantes contradicciones entre varios de sus artículos, y adolecen de severas deficiencias de técnica jurídica que, en su caso, los legisladores deberán atender y subsanar.
Las iniciativas presidenciales plantean las siguientes medidas:
- Reducir el financiamiento a los partidos;
- Reducir el periodo de campañas electorales;
- Aumentar las facultades del Instituto Federal Electoral en materia de vigilancia y fiscalización de los recursos de los partidos políticos;
- Compactar el calendario electoral estatal; y
-Regular las precampañas internas para la selección de candidatos.
Calificar de excesivo el financiamiento público destinado a los partidos es juicio generalizado; sin embargo, si comparamos el monto destinado a ese fin en 2003, el más alto de la historia, encontramos que representó el 0.3 por ciento del gasto federal, y para este año esa proporción es de apenas un 0.1 por ciento, por lo que la argumentación esgrimida en la exposición de motivos presidencial peca de exagerada.
Siempre será posible establecer parámetros de comparación para demostrar que el gasto público destinado a los partidos es muy elevado, sobre todo si se le contrasta con las enormes carencias en la atención de necesidades básicas de la población. Pero sostener que la reducción del gasto partidista atenuará esas carencias resulta, por decir lo menos, otra exageración.
La reforma electoral de 1996, que instauró el actual sistema de financiamiento, tuvo como propósito impedir que la política y las elecciones quedasen sujetas al mercado, a la influencia del mejor postor. Como ya hemos visto con suficiencia, no se ha logrado tal propósito. Los partidos políticos, en su mayoría, siguen acudiendo a fuentes privadas, lo que no es ilegal, sin declararlo al IFE, lo que es ilegal. Los escándalos por financiamiento a los partidos no han tenido que ver, en los casos más sonados, con las fuentes estatales de ese financiamiento, sino con donativos privados provenientes de organizaciones, de empresarios o de particulares.
Las iniciativas presidenciales son omisas en el tema de las fuentes de financiamiento privado, limitándose a proponer mayores atribuciones al IFE para la vigilancia y fiscalización de los recursos de los partidos.
Es...
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