Acuerdo secuestrado
| Autor | Octavio Ortega |
El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto del 2008, topó con una barrera burocrática: una veintena de relevos de funcionarios de primer nivel en las dependencias encargadas de implementar los compromisos pactados, el cambio de legislatura en el Congreso y la falta de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
Tres secretarios de Gobernación distintos, dos procuradores, cuatro secretarios ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuatro secretarios técnicos del Consejo Nacional de Seguridad y tres jefes de la Policía Federal. Ése es el conjunto de relevos en áreas estratégicas para cumplir los 75 compromisos acordados. Del gabinete de seguridad, sólo los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina se mantienen en sus cargos desde la firma del Acuerdo.
Los titulares de otras Secretarías claves para la instrumentación de las 28 medidas que le correspondían al Poder Ejecutivo federal también fueron sustituidos: Secretaría de Hacienda, Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Social.
Por parte del Poder Legislativo y otros niveles de gobierno también hubo falta de continuidad por los cambios previstos en la ley. Un año después de la firma del Acuerdo inició una nueva legislatura y, aunque el Senado no se renovó, entraron 500 nuevos diputados. Tan sólo en 2009 y 2010 se ha elegido a 16 nuevos gobernadores y en 20 estados hubo renovación de presidentes municipales, por lo que la continuidad para cumplir las 23 acciones repartidas entre el Poder Legislativo, estados y municipios quedó sujeta a las transmisiones de poder.
A la maraña burocrática y descoordinación entre autoridades se suma la falta de transparencia que dificulta evaluar cada punto del Acuerdo.
Luis de la Barreda, director del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad, y dirigentes de organizaciones sociales como Laura Elena Herrejón (Pro Vecino), Alejandro Martí (México SOS), Isabel Miranda de Wallace (Alto al Secuestro) y María Elena Morera (Causa Común) coinciden en que ha habido un avance parcial de las metas del Acuerdo y lamentan que en dos años no haya mejorado la seguridad pública.
Eduardo Gallo de México Unido Contra la Delincuencia y Elías Kuri de Iluminemos México también fueron consultados. Gallo ofreció evaluar el Acuerdo después del 22 de agosto, una vez cumplidos dos años de vigencia del mismo. Kuri respondió que no cuenta con información oficial suficiente para hacer una evaluación.
Relevos constantes
La salida de Roberto Campa del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), a tan sólo 10 días de la firma del Acuerdo, puso de manifiesto la falta de coordinación entre las dependencias que articulan el esquema de seguridad pública.
El 1o. de septiembre de 2008, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dio a conocer la renuncia de Roberto Campa. El anuncio fue sorpresivo para el propio Campa, quien dio a conocer su desconcierto en una misiva al Presidente.
"Me veo obligado a dirigirme a usted para aclarar que el lunes 1o. de septiembre no presenté mi renuncia... Esa información es falsa. No obstante, dada la importancia de la noticia... estoy haciendo llegar al presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública mi 'renuncia irrevocable'... El manejo de los hechos y lo sucedido hasta el día de hoy, solamente revelan lo que permanentemente ocurrió", expuso Campa.
En ese momento el SNSP se encontraba adscrito a la SSP, por lo que García Luna propuso como sustituto de Campa al hasta entonces secretario general del Cisen, Monte Alejandro Rubido, quien ocupó el cargo sólo seis meses, de septiembre de 2008 a marzo de 2009.
Rubido fue removido del Sistema una vez que se había publicado la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (enero de 2009), con la que el organismo quedó bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación. Rubido fue designado en abril de 2009 secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional -en sustitución de Sigrid Arzt, quien meses después fue propuesta por el Presidente como comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información-. La salida de Arzt desencadenó el primero de cuatro cambios en el Consejo de Seguridad. Rubido fue relevado del Consejo en septiembre de ese año para asumir el cargo de subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP federal.
Como sustituto de Rubido en el SNSP fue nombrado Jorge Tello, quien estuvo al frente de esta dependencia de marzo a diciembre de 2009. Tello siguió la misma ruta que Rubido, pues, como su antecesor, a su salida del Sistema de Seguridad fue designado secretario técnico del Consejo de Seguridad a partir del 1o. de enero del 2010, pero apenas el pasado 19 de agosto fue removido del Consejo y en su lugar fue nombrado Alejandro Poiré, quien se desempeñaba como subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, a quien también se le asignó la función de vocero en materia de seguridad del gobierno federal y secretario técnico del gabinete de seguridad nacional.
A partir de enero de 2010 la titularidad del SNSP recayó en Juan Miguel Alcántara Soria, completando con su nombramiento la lista de cuatro titulares en una dependencia encargada de coordinar acciones entre el gobierno federal, 31 estados, el Distrito Federal y más de mil 400 municipios.
En el Poder Ejecutivo, de nueve secretarios de Estado que signaron el Acuerdo cinco de ellos han sido relevados de sus cargos. Si bien en Gobernación, la dependencia...
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