Acusa indefensión abogado de General
| Autor | Henia Prado |
Hace seis días, Tomás Ángeles Dauahare, General de División en retiro, fue detenido y puesto a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva, sin embargo, hasta ayer el mando en retiro desconocía oficialmente los delitos que se le imputan.
Tanto sus familiares como su abogado, Alejandro Ortega Sánchez, reprocharon la negativa de la dependencia a informar sobre las acusaciones y pruebas que implican al ex subsecretario de la Defensa Nacional con el crimen organizado, además de que se muestra reticente para otorgarle reconocimiento a la defensa.
"No tenemos acceso al expediente, ahorita lo lleva una defensora de oficio que ni conoce y que nosotros no queremos que lo defienda, hice promoción desde el miércoles para que me designaran como abogado y representante común de la defensa, pero no me han dejado aceptar el cargo.
"Se están violando sus garantías individuales, sus derechos humanos; se dice que es delincuencia organizada, pero ni sé cuál es la imputación realmente que tomó el juez para arraigarlo, ni qué oficio giró el ministerio público, no he podido verlo", dijo.
El litigante dijo que repetidamente ha solicitado al ministerio público Jorge Francisco Rubido Salgado, encargado de la indagatoria, el reconocimiento oficial que le abriría las puertas para revisar documentos y visitar su cliente, pero el servidor público opta por cancelar y reprogramar las citas acordadas.
El divisionario fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) la semana pasada con base en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 por ilícitos contra la salud y delincuencia organizada.
Aparentemente el testigo protegido "Jennifer" es quien lo acusa de recibir dinero de Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie".
El jueves, el mando en retiro, al igual que el General Brigadier Roberto Dawe quedaron bajo custodia del Centro de Investigaciones Federales (CIF), en el Colonia Doctores, donde permanecerán al menos 40 días.
Al respecto, Ortega informó que buscarán el respaldo de la justicia federal, pues la medida es violatoria de derechos humanos.
"Vamos a presentar el amparo contra el arraigo porque se están violando tratados internacionales donde hay derechos humanos, como estas detenciones arbitrarias, los tratados forman parte de la Constitución, de acuerdo a las últimas reformas, vamos a señalar el Pacto de San José de Costa Rica"...
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