Afina Congreso reformas que incrementan gasto

AutorVíctor Fuentes

El Congreso de la Unión estudia varias iniciativas para generar la obligación legal de incrementar año con año o garantizar el presupuesto para ciertos rubros, lo que podría llevar a nuevos vetos del Ejecutivo, como el aplicado recientemente contra la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Fuentes hacendarias informaron que los legisladores tiene en cartera iniciativas que contemplan presupuestos crecientes obligatorios o recursos garantizados como un porcentaje del Producto Interno Bruto para educación, ciencia y tecnología, equidad de género, e incluso para monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas.

Pero las iniciativas no se han hecho de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que ordena al Congreso hacer estudios previos sobre impacto presupuestal.

"Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría de Hacienda sobre el proyecto de dictamen correspondiente", dice la ley.

"El Congreso rara vez cumple esta ley", afirmó una fuente del Ejecutivo.

"En la práctica se discute una gran cantidad de propuestas que generarían mayores gastos y, en muchos casos, a pesar de que es evidente que tienen un impacto presupuestario el Congreso no realiza la valoración correspondiente a la que está obligado", agregó la fuente, la cual pidió el anonimato porque participa regularmente en negociaciones con legisladores.

Algunas iniciativas recientes que no han cumplido este trámite incluyen: un decreto legislativo que autoriza 15 mil millones de pesos para atender daños en siete entidades por contingencias climáticas de febrero pasado, y una reforma ya aprobada a la Ley General de Educación que obliga a entregar paquetes de útiles escolares a niños en zonas de alta marginación.

Así como un dictamen de la Cámara de Diputados que expide la Ley del Procampo e impide reducir los fondos para ese programa, obligando a ajustarlos conforme a la inflación.

Otras reformas en estudio, promovidas sobre todo por diputados del PRI, asignarían porcentajes fijos del PIB al presupuesto general de educación y al de ciencia y tecnología, y prohibirían reducir los recursos para monumentos, zonas arqueológicas y preservación de sitios declarados patrimonio...

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