AGENDA CIUDADANA / El blanqueo de la casa
| Autor | Lorenzo Meyer |
· 'GRAN ESTRATEGIA'
La gente de Enrique Peña Nieto (EPN) en la Secretaría de la Función Pública (SFP) actuó como se sospechaba. El equipo del secretario Virgilio Andrade elaboró un dictamen absolutamente favorable a su jefe y para ello empleó un instrumento que de antemano sabía que no permitiría encontrar lo que se investigaba: un posible conflicto de intereses en el contrato celebrado entre la esposa del Presidente y el Grupo Higa -contratista del gobierno del Estado de México y del gobierno federal-. Ese posible conflicto estaba en que el contratista del gobierno también era el constructor de la mansión ubicada en las Lomas de Chapultepec -Sierra Gorda 150-, diseñada para que la familia presidencial la habitara cuando tuviera que desocupar "Los Pinos".
Como observó Mauricio Merino, la SFP usó la herramienta ideal para lograr lo que desde el principio muchos suponían que era su propósito: exonerar al Presidente. Si bien el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dice que tales servidores no pueden "solicitar, aceptar o recibir dinero o bienes en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado de personas que estén directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público", sólo se podía admitir que existía un conflicto de intereses si se probaba que personalmente EPN se beneficiaba con la "Casa Blanca" o si él hubiese otorgado o influido para que el gobierno federal firmara con el Grupo Higa los contratos actualmente vigentes.
De acuerdo con la SFP ninguno de los supuestos anteriores tuvo lugar. El contrato de compraventa de la casa de Sierra Gorda se celebró únicamente entre la esposa de EPN y una filial de Higa el 12 de enero de 2012, cuando formalmente EPN era un particular sin responsabilidad en el aparato de gobierno. Para propósitos de la ley no es relevante que entonces EPN fuera el candidato presidencial de un partido que muchas encuestas ya daban por ganador. Por otro lado, y ya como Presidente, la SFP no encontró ninguna prueba de que EPN influyera sobre nadie en la elaboración y otorgamiento de los 22 contratos celebrados de diciembre de 2012 a marzo de 2015 entre el Grupo Higa y el gobierno, pues ninguno de los funcionarios que intervinieron en ese proceso admitió haber sido influido por el Presidente para favorecer a una empresa cuyo dueño tenía tratos con EPN desde que éste era gobernador del Estado de México (2005-2011). Un razonamiento similar se...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba