Ajustan chilenos cuentas con el pasado
| Autor | Carlos Arias |
BUENOS AIRES.- Hace 30 años, el 11 de septiembre de 1973, el mundo fue testigo del bombardeo a la Casa de la Moneda, la sede del poder Ejecutivo chileno, que culminó con la muerte del Presidente Salvador Allende.
El golpe militar, encabezado por el General Augusto Pinochet, dio lugar a una dictadura de 17 años, con un saldo oficial de 2 mil ejecutados y un millar desaparecidos, de acuerdo con la Comisión Retting, el informe oficial realizado tras el regreso de la democracia.
Tres décadas después, la justicia chilena ha abierto 300 causas contra 350 uniformados, que en total abarcan a un millar de víctimas civiles. Sin embargo, el reclamo de justicia se enfrenta con una Ley de Amnistía dictada en 1978 por el propio Pinochet, que señala que todos los actos de violencia política cometidos desde 197- y hasta 1978 se perdonan.
Mientras sigue sin esclarecerse el destino de al menos mil asesinados, se descubren nuevos casos y siguen sin recibir respuesta los reclamos de quienes estuvieron presos ilegalmente o fueron torturados.
"Muchos pensaban que el tema de derechos humanos había sido superado y pertenecía al pasado, pero la realidad ha demostrado que sigue vigente y podemos esperar muchos cambios en el futuro próximo", reconoció en diálogo con REFORMA el senador socialista Carlos Ominami.
Por lo pronto, el Gobierno chileno ha reconocido la existencia de un problema que permanece sin solución en materia de derechos humanos, frente al cual no es posible declarar un "punto final".
En una propuesta presentada a mediados de agosto, que se convirtió en varios proyectos de ley, el Presidente Ricardo Lagos estableció mecanismos para agilizar las investigaciones de los casos pendientes y para llegar a la verdad. Entre ellos, el nombramiento de más jueces con dedicación exclusiva a esos casos y el otorgamiento de beneficios procesales a los ex partícipes de la represión que aporten datos, como rebaja de penas a los responsables de la represión y suspensión de condenas a aquellos que sólo fungieron como cómplices.
Además se creó una comisión que investigará los casos de prisión y torturas, un tema que había permanecido ausente del debate oficial, y se ampliaron los beneficios a los familiares de las víctimas, profundizando una ley de "reparación" de 1992, que ha atendido hasta el momento a unas 5 mil personas. Entre estos beneficios destacan el pago de educación para los hijos de las víctimas y el aumento de un 50 por ciento al monto de "reparación"...
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