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Ana Laura Magaloni Kerpel / Fiscalía Anticorrupción

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Vincent
AutorAna Laura Magaloni Kerpel

El tema de la reforma anticorrupción se ha convertido en un tema viral. En foros académicos, aulas de clase, tertulias, sobremesas, se escucha de forma recurrente señalar que al presidente Enrique Peña Nieto le falta impulsar una reforma profunda en materia de corrupción y que ésta debe ir acompañada del castigo ejemplar de al menos cuatro o cinco "peces gordos". Me queda claro que la gente quiere ver rodar cabezas y lo entiendo. No obstante, hay que tener cuidado con que esta exigencia colectiva no entre en conflicto con el complejo proceso de implantación de una política anticorrupción que también dé resultados en el mediano y largo plazos.

Lo primero que deberíamos tener claro es que ninguna política anticorrupción puede estar divorciada de un gobierno eficaz, pues ello, para decirlo de manera coloquial, hace más caro el caldo que las albóndigas. Hoy existen cientos de sistemas de control que no han disminuido la corrupción, pero sí, en cambio, han paralizado o hecho muy torpe y caro el quehacer administrativo. Un ejemplo de ello es la política de la mayoría de las procuradurías de que el MP tenga que apelar todas las sentencias en donde el imputado haya sido absuelto en primera instancia, tenga o no méritos jurídicos el caso para hacerlo. Esta política existe porque se sospecha que el MP se corrompió para perder el caso o que el juez vendió su sentencia. Es posible que en algunos casos ello sea así. En otros no. Lo absurdo es que esta política de apelar todo caso de manera sistemática no ha afectado las prácticas corruptas del MP ni del juez, pero sí, en cambio, ha elevado innecesariamente los costos de la administración de justicia. Es un despilfarro de recursos públicos apelar sentencias que no tienen ninguna probabilidad de ser revocadas en la segunda instancia. Ya basta de políticas anticorrupción ineficaces y costosas. Comencemos por quitarlas.

En segundo término, los que piden que rueden cabezas deben tener claro que una buena parte de las políticas anticorrupción no tienen nada que ver con la persecución criminal y el castigo. La transparencia plena del ejercicio del gasto público y de los miles de procesos que se siguen en las distintas áreas de la administración...

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