Ana Laura Magaloni Kerpel / El proceso de cambio

AutorAna Laura Magaloni Kerpel

Varios senadores del PAN, PRD y Morena y un conjunto amplio de organizaciones civiles están convencidos de que la designación del Fiscal Anticorrupción es un mero acto de simulación hasta que no se apruebe un marco constitucional adecuado para construir una Fiscalía General sólida. Con ello, se ha abandonado la ilusión de que la investigación y persecución de los delitos -incluidos los relacionados con hechos de corrupción- son sólo un asunto de voluntad política y que, por lo tanto, basta con designar a un Fiscal independiente, capaz y con convicciones para que la amenaza de castigo sea pareja para todos. Las cabezas cuentan y mucho, pero por sí solas no podrán mover al colapsado sistema de procuración de justicia, ni mucho menos le darán el tipo de respuestas que demandan los ciudadanos.

Hasta ahora, la PGR y las procuradurías de los estados han seguido funcionando con el viejo modelo autoritario de persecución criminal, el cual, en un contexto de descentralización del poder, ha dejado de servir para ordenar la vida colectiva y contener la criminalidad. Este modelo utiliza la persecución criminal de los delitos para vender impunidad o para castigar selectivamente a los enemigos o detractores de los que detentan el poder. "A mis amigos justicia y gracia, y a mis enemigos la ley a secas". Ello, por un lado, genera enormes rentas a los que detentan el poder y, por el otro, constituye una pieza central en la que se asienta el poder de los gobernadores y del Presidente en turno.

El caso de Tomás Yarrington ilustra bien cómo funciona este modelo de persecución criminal. Hoy el ex gobernador está acusado en un tribunal de Texas de ser parte orgánica del Cártel del Golfo y de los Zetas. Ello no hubiese sido posible sin la complicidad del procurador y el jefe de la policía de Tamaulipas, así como los aparatos burocráticos que ambos encabezaban, en los tiempos en que Yarrington fue gobernador. Tampoco hubiese sido posible sin la protección de la PGR que mantuvo 9 años congelada la averiguación previa en su contra y que la revivió hace algunos meses. De qué tamaño habrán sido las rentas de este pacto de impunidad entre los...

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