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Ana Laura Magaloni Kerpel / El pacto de impunidad

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Vincent
AutorAna Laura Magaloni Kerpel

La súbita renuncia del procurador, Raúl Cervantes, la remoción injustificada del titular de la FEPADE, Santiago Nieto, y la imposibilidad de designar al fiscal especializado en delitos de corrupción son claros indicadores de que, por primera vez en México, se están generando las condiciones para romper con un modelo de gobernabilidad que pasa por un pacto político implícito de impunidad, sobre todo de los delitos cometidos por altos funcionarios de las administraciones anteriores.

En el contexto de un régimen autoritario de partido hegemónico, este pacto de impunidad sirvió como instrumento de gobernabilidad y de control político. En el proceso de transición de una administración a otra, todos sabían que el Presidente entrante podía no perseguir a quienes habían cometido delitos, sobre todo los relacionados con hechos de corrupción, pero también podía castigarlos, fuesen o no culpables de un delito, si desafiaban su poder y no se disciplinaban y cooperaban con su administración. Ese poder de administrar selectivamente el castigo penal en función de los intereses del Presidente fue clave para la estabilidad del régimen.

Le tocaba a Vicente Fox impulsar una transformación profunda a la procuración de justicia que posibilitara el tránsito a un nuevo modelo de gobernabilidad, propio de un país en donde la alternancia del partido en el poder ya era posible. Sin embargo, Fox no entendió el papel histórico que le tocaba y no hizo nada al respecto. Felipe Calderón tampoco hizo nada, pues su capital político no lo utilizó para cambiar las estructuras autoritarias de gobernabilidad, sino para terminar con los cárteles de la droga. En ese contexto, requería de una Procuraduría a modo que no limitara ni persiguiera el abuso en el ejercicio de la fuerza por parte del Estado. Peña Nieto, por su parte, le apostó al pacto de impunidad con la administración de Calderón, y ni siquiera mencionó en su campaña y menos tomó acciones durante su administración, con respecto a la investigación y persecución criminal de los cientos de desaparecidos, torturados y muertos del sexenio anterior. Ello le permitió aprobar las reformas estructurales e impulsar su agenda sexenal.

Sin embargo, el tablero político se movió y todo parece indicar que el pacto de impunidad de una administración a otra es frágil e incierto. La PGR y sus dos fiscalías especializadas...

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