Ana Laura Magaloni / ¿¿¿Procurador???
| Autor | Ana Laura Magaloni |
"Esta noche quiero decir aquí en Jalisco, con total convicción, que al ganar la Presidencia invitaré al Presidente Calderón para que encabece la Procuraduría General de la República". Estas son las palabras de Josefina Vázquez Mota en su cierre de campaña en Zapopan, Jalisco, el pasado miércoles. Las leo y las vuelvo a leer y mi desconcierto sólo va en aumento. La Presidencia, hasta donde yo entiendo, es un puesto terminal. Ser ex presidente de México significa el privilegio de haber ocupado el cargo público más importante del país. El puesto más deseado, más competido, de mayor impacto y al que sólo llegan muy pocos respecto del enorme universo de personas que desearían ocupar ese cargo. Ofrecer a Calderón la PGR no parece, por tanto, un elogio para el Presidente. Todo lo contrario, en mi opinión es una propuesta que demerita la jerarquía de cualquier ex Presidente. Entonces, si no se trataba de echarle flores al Calderón, ¿qué mensaje político quería mandar Josefina al electorado con este ofrecimiento tan atípico y perturbador?
A mí me resulta desconcertante la propuesta de Josefina porque si tuviese que elegir el área de la administración de Calderón con mayores saldos negativos y atrasos, sería precisamente el rubro de procuración y administración de justicia. Calderón siguió una estrategia de seguridad basada en la supuesta disuasión de los delincuentes a través del ejercicio de la fuerza pública. No fue una estrategia basada en acusaciones, procesos penales y aplicación de la ley. La procuración de justicia, como lo dijo Calderón en varias ocasiones, no formaba parte del corazón de su estrategia. Por ello, el presupuesto de la PGR durante casi todo el sexenio se mantuvo estático, no hubo ningún intento serio de reformar la institución, ni tampoco hubo un espacio de poder real para que el procurador/procuradora ejercieran el control y fiscalización sobre la actuación de policías y Fuerzas Armadas. Ello explica en parte el aumento acelerado a las violaciones de derechos humanos de los detenidos durante este sexenio. Además, la PGR sistemáticamente incumplió su obligación de perseguir los delitos violentos (homicidios, lesiones y secuestros), que, por tratarse de delincuencia organizada, le correspondería investigar y consignar. El argumento de que esos delitos eran del orden local, pero, al mismo tiempo, eran producto del pleito entre organizaciones criminales es un contrasentido. Si realmente eran competencia de las autoridades...
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