Auditorías locales: ¿vigilantes o cómplices?
| Autor | Carlos Grandet |
Miembro del staff profesional del Instituto Mexicano para la Competitividad AC.
En los últimos años, los malos manejos de las finanzas públicas por parte de nuestros gobernantes han sido un motivo de escándalo para la sociedad mexicana. Apellidos como Moreira, Granier, Sabines y Godoy se han vuelto sinónimos de opacidad e impunidad. ¿Por qué se comportan así? La respuesta más sencilla es porque pueden. Parecería que en este país el poder ha logrado estar por encima de las instituciones.
Por poner un ejemplo reciente, al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, se le acusa de un desvío de recursos por alrededor de mil 900 millones de pesos y al auditor estatal de ser omiso y corresponsable del desfalco (Reforma, 13 y 16 de abril de 2013). Casos como éste dejan claro que un tema pendiente en la democracia mexicana es la efectividad de los mecanismos para vigilar y sancionar los abusos de las autoridades públicas.
Estos mecanismos ya existen, el problema es que no funcionan como deberían. Tanto a nivel federal como estatal, los Congresos son responsables de la fiscalización superior, es decir, la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos. Para ello cuentan con Auditorías Superiores, órganos técnicos y supuestamente autónomos que se encargan de auditar las cuentas públicas, enviar sus hallazgos al Congreso por medio del Informe de Resultados e iniciar procedimientos de sanciones. Sin embargo, un estudio reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad y la Universidad de Guadalajara encuentra fuertes limitaciones en la fiscalización de las entidades federativas. Las Auditorías Superiores Locales (ASL) son poco transparentes, no cumplen con toda su normatividad, e incluso cuando encuentran y denuncian irregularidades, éstas parecen no tener consecuencias.
Una fuente del problema es su falta de autonomía. La tarea de las ASL es delicada, pues deben reportar los malos manejos de los recursos públicos por parte de las autoridades. Es por eso que deben tener la capacidad de decidir sobre su gestión y estar alejadas de asuntos políticos. En 24 entidades federativas las propias leyes lesionan la autonomía de estas instituciones. Algunos ejemplos son su incapacidad legal de definir el monto de los daños a la hacienda pública o de iniciar procedimientos contra funcionarios. Esta facultad la tiene, en ocasiones, el Congreso local (con las implicaciones políticas que ello representa).
En el día a día, otro indicio de la falta de autonomía...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba