El boicot al Sistema Anticorrupción
| Autor | Martha Martínez |
Retrasos en la armonización de las leyes, nombramientos cuestionables en las fiscalías y los tribunales de Justicia Administrativa y sólo un Comité de Participación Ciudadana estatal en todo el país en el último año. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comienza a desdibujarse en su implementación a nivel estatal.
Hace un año, al promulgarse las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, el gobierno federal, los Poderes Legislativo y Judicial y los gobiernos estatales ofrecieron un sistema sólido de combate a este flagelo. Reunidos en Palacio Nacional, el Presidente, los legisladores, ministros y gobernadores aseguraron que el combate a la corrupción se basaría en "instituciones fuertes y autónomas".
Un año después, a punto de vencerse el plazo para la implementación del sistema, el Senado no ha nombrado aún al fiscal anticorrupción a nivel nacional, ni ha ratificado a los magistrados de la Sala Especializada en combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa.
Además, la creación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) avanza con dificultades.
Dos estados (Veracruz y Chihuahua) no han concluido la reforma constitucional requerida para implementar el sistema a nivel local, y otras 11 entidades aún no cuentan con las leyes secundarias para el funcionamiento de dicho mecanismo.
Hasta ahora, sólo ocho estados han llevado a cabo nombramientos claves como parte del proceso de implementación de los SLA. Y, en siete casos, las designaciones han sido objetadas por organizaciones civiles nacionales y locales, por tratarse de personajes cercanos al gobernador en turno, militantes activos de partidos políticos e incluso personas relacionadas con actos de corrupción.
NOMBRAMIENTOS POLÉMICOS
Puebla: el 24 de abril pasado, el fiscal general del estado, Víctor Carrancá, nombró a Enrique Flota Ocampo como fiscal anticorrupción. Ex titular de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la entidad. La designación del abogado generó la indignación no sólo de las organizaciones civiles que acompañaron el proceso de creación del Sistema Local Anticorrupción sino de defensores de derechos humanos.
Considerado un personaje cercano a Rafael Moreno Valle, Flota fue el encargado de pedir disculpas a nombre del gobierno estatal a Elia Tamayo, madre del menor José Luis Alberto Tehuatlie, quien murió en 2014 en un enfrentamiento entre pobladores de Chalchihuapan y la Policía Estatal. Fue considerado la primera víctima mortal de la llamada "Ley Bala" impulsada por Moreno Valle. Tamayo acusó a Flota Ocampo de amenazarla para que aceptara las disculpas del entonces gobernador del estado y de coaccionarla, con ayuda de un grupo de abogados, para exonerar a Facundo Rosas, ex secretario de Seguridad Pública local y responsable del operativo en el que murió su hijo.
Nayarit: el 11 de noviembre de 2016, el Congreso nayarita ratificó como magistrados anticorrupción de la entidad a Yaniria Catalina Ruiz, ex secretaria de Turismo local; a Agustín Flores Díaz, ex director de Tránsito y Transporte de la entidad, y a Raymundo García Chávez, ex secretario particular del gobernador Roberto Sandoval.
Este último fue involucrado en un red de corrupción en abril pasado. En un audio difundido en redes, el rector de la Universidad Tecnológica del estado, Alejandro Fonseca, lo acusó de beneficiarse con negocios ilegales relacionados a la obra pública de tres municipios de la entidad.
Morelos: en agosto de 2015, el Congreso estatal designó a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana local, y a Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción. Aunque ambos nombramientos se llevaron a cabo el mismo mes y año, la legislatura estatal decidió "reponer" el proceso de selección del órgano ciudadano por considerar que éste se realizó de manera anticipada.
No obstante, Salazar Núñez, amigo del gobernador Graco Ramírez y...
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