Cédula polémica
| Autor | Jésica Zermeño Núñez |
Sin legislación que regule a cabalidad el uso de datos personales por parte del Estado, el gobierno de Felipe Calderón se prepara para hacer realidad un viejo proyecto: la Cédula de Identidad Ciudadana, establecida en la Ley General de Población desde hace 35 años.
Anunciada por Calderón sin acuerdo previo con el IFE ni el Congreso, la cédula integraría la identidad jurídica y biológica de cada mexicano en un solo documento, con registros biométricos para hacerla más confiable: huellas dactilares, rostro e iris. No hay una sola cédula de identificación ciudadana en el mundo que reúna estos tres controles de identidad.
El gobierno de Calderón contaba al inicio del año con mil 136.6 millones de pesos aprobados por el Congreso para este proyecto. Sin embargo, la suma se redujo a 400 millones y a la fecha, según la Secretaría de Hacienda, no se ha ejercido un peso de esa partida. El proyecto completo, según las estimaciones de la Segob, requerirá 3 mil millones.
Desde su anuncio, la cédula generó críticas. Primero del Instituto Federal Electoral, cuyos consejeros cuestionaron que se pretendiera suplir la credencial para votar y el Registro Federal Electoral (RFE).
Al IFE se sumaron legisladores de oposición, quienes aseguraron que en tiempos de crisis no deberían gastarse 3 mil millones de pesos en la generación de una identificación adicional, y advirtieron que volver a poner el RFE en manos del gobierno implicaría un gran retroceso.
La Segob zanjó la polémica el pasado jueves, al anunciar un acuerdo con el IFE para no usar el RFE como base de datos, sino las 84 millones de actas de nacimiento ya registradas en Segob y la Clave Única de Registro de Población, y para que la cédula no contenga el domicilio del titular, por lo que la expedición de la credencial de elector con fines de identificación no se inhibiría.
Sin embargo, el gobierno debe responder otras dudas. El 5 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo en el que exige al Ejecutivo entregar un informe sobre los costos, plazos, fundamento jurídico y mecanismos de operación de la cédula. Los legisladores dudan de la capacidad gubernamental para evitar el mal uso del registro de población, ya sea con fines electorales o incluso de lucro, como ha ocurrido en el pasado con otras bases de datos.
Frente a estas críticas, la Segob señala como ventajas del nuevo documento las siguientes: proveerá de una identificación segura porque estará libre de duplicados, protegerá los datos personales y eliminará la necesidad de entregar documentación a distintas dependencias, privadas o públicas, con lo que se generarían ahorros.
Sin embargo, especialistas en biometría y controles de identificación de personas alertan sobre otro riesgo: si en México no se da un debate nacional que deje clara la frontera de qué puede hacer el Estado con los datos biométricos de los ciudadanos, no existe ninguna barrera que impida que éstos sean mal utilizados.
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