Cabildeo a la caza de legisladores
| Autor | Marco Antonio Martínez |
En el último trienio, han intervenido prácticamente en la definición de los principales asuntos legislativos del país. En lo que va del sexenio han estado en medio de asuntos como la selección de la sede del aeropuerto alterno de la Ciudad de México, la apertura de casinos y, justo ahora, en la discusión de la reforma fiscal.
Ofrecen un producto que las cámaras empresariales ahora no pueden conseguir por sí mismos: influir en las decisiones que tomen las distintas fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión.
Son empresas de consultoría política especializadas en "relaciones con el gobierno". Los cabilderos, como se conocen en el medio. Sus clientes son organismos patronales y sindicales, organizaciones no gubernamentales, grupos universitarios, grandes empresas, representantes de ramas industriales y comerciales, intermediarios financieros, inversionistas nacionales y extranjeros....
Sin un Ejecutivo federal que cuente con una mayoría legislativa que apruebe sus iniciativas de ley, buscan "orientar" las decisiones de los diputados y senadores.
Algunas son filiales de grandes firmas norteamericanas; también son despachos pequeños, de reciente creación, que tienen entre sus directivos a ex integrantes de los cuerpos legislativos. Todos están del lado de los grupos empresariales que se oponen a la implementación de nuevos gravámenes en telefonía, jugos y néctares, refrescos, tabaco, alcohol...
Como la práctica de las encuestas y el uso de la mercadotecnia electoral, el cabildeo es una de las formas en boga de hacer política en México.
Aunque implica la operación de un ejército de analistas y comunicadores, este trabajo formalmente no rebasa la esfera de lo informal. Llegaron para quedarse y trabajan sin regulaciones.
El rumor se extendió como bola de nieve apenas hace algunas semanas: el gobierno federal, en su urgencia por recursos, crearía un nuevo impuesto aplicable al uso de servicios telefónicos.
Sin detectar claramente si esta propuesta provenía de la Secretaría de Hacienda o de alguno de los grupos parlamentarios, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Comunicaciones e Informática (Canieti), activó sus mecanismos de defensa. Entraron en acción sus cabilderos.
"Empezamos a contactar a los legisladores que están relacionados con las telecomunicaciones, con la Conferencia Parlamentaria de Telecomunicaciones. La coordina Javier Corral y el diputado Jesús Orozco, de la Comisión de Comunicación. Ellos están convencidos de que es un error, esperamos que no pase", refiere Jesús de la Rosa, presidente de la Canieti, que representa a 810 empresas.
Comenzaron reuniones con los legisladores.
"Unas han sido en nuestras instalaciones y otras en el Congreso. Los invitamos, esporádicamente se come con algunos. Son reuniones de una hora", detalla De la Rosa.
La Cámara Nacional de Industrias de Conservas (Canaico) también se ha movilizado para impedir que a sus productos, los jugos y néctares, se les aplique el impuesto especial. Para ello contrataron al Grupo de Estrategia Política (GEP), un despacho que la asesora desde cómo presentar sus contrapropuestas, hasta la forma en la que deben tratar a los legisladores.
Asimismo, les hace estudios y los presenta en forma asequible para hacerles ver que esa medida afectará además de ese ramo, a otros sectores.
La posible aplicación de impuestos especiales a tarifas telefónicas, alcohol y tabaco, jugos y néctares -temas que también son cabildeados por consultores políticos- no se consultó con los organismos que representan a los industriales de esas ramas. Y en muchos casos, la iniciativa privada no supo de dónde provinieron las propuestas.
De Hacienda no salieron, dice una fuente de la dependencia. En efecto, en la propuesta de Nueva Hacienda Distributiva, que el gobierno federal envió a la Cámara de Diputados en abril pasado, no estaban contemplados esos gravámenes.
El diputado del PAN Julián Hernández Santillán, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, no sabe de dónde salió la propuesta. "Son planteamientos", fue su comentario.
Aun antes que la Canieti, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), que agrupa a casi todas las tiendas, buscó acercamientos con legisladores; los visitó en San Lázaro y los invitó a sus instalaciones. Su asunto era la propuesta de gravar alimentos con 15 por ciento, que afectaría a todos sus agremiados que son más de 600 mil.
En Concanaco cuentan con su propia comisión de enlace. Según Juan Moreno, encargado del área de Comunicación Social, han encontrado que PRI y PRD son los más reacios al IVA. En cambio el PAN es el más dispuesto a aplicarlo.
Así como Canieti y la Concanaco, hay otros sectores que se reúnen directamente con los legisladores.
"Por parte de la industria del maíz he recibido invitaciones a algunos eventos, pero nos damos cuenta que son empresas de ellos. Ha sido una relación muy superficial, lo que he visto son planteamientos ligeros y encuentros con el sector", dice el senador priista de Colima, Alejandro Gutiérrez.
Otro ejemplo es la Fundación para...
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