Candidatos ¿confiables?

AutorMartha Martínez

Antidoping, polígrafo, cartas de no antecedentes penales, certificaciones del Cisen y análisis de retina y saliva... a falta de un marco que regule la certificación de aspirantes a cargos de elección popular, los partidos están recurriendo a todo tipo de prácticas -y promesas- para construir "candidatos confiables".

Sin embargo, esas medidas no evitarán que en los próximos años se revelen nuevos nexos entre políticos y crimen organizado.

El 7 de junio se elegirán 2 mil 159 cargos públicos, entre gobernadores, diputados federales y locales, y ayuntamientos. Y, aunque el tema se ha discutido al menos desde 2009, no existe a la fecha un sistema confiable de control de confianza aplicable a candidatos.

MEDIDAS 'NO INFALIBLES'

A finales de noviembre del año pasado, luego del caso Iguala y las revelaciones de los vínculos del alcalde José Luis Abarca y su esposa con el grupo criminal que ordenó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el PRD aprobó el Protocolo para fortalecer la cultura de la legalidad y la ética pública. El documento establece la creación de un Sistema Ciudadano de Control de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección Popular, a través del cual los ciudadanos podrían aportar información sobre los aspirantes, misma que será entregada al Ministerio Público para su investigación.

El documento señala que, además de la participación de la sociedad, el PRD pedirá al INE que administre los recursos públicos de las campañas, y se compromete a entregar a la PGR, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional toda la información que posea cuando se presuma la existencia de conductas delictivas de alguno de sus miembros.

Martín García Avilés, secretario de Operación Política y Estrategia del PRD, indica que cada candidato deberá firmar un documento a través del cual accede a someterse al escrutinio de instancias judiciales y de inteligencia. Además, deberán presentar su declaración patrimonial, cuya publicación seguirá siendo opcional.

El perredista asegura que no fue fácil lograr los acuerdos necesarios para poner en marcha estas medidas. A pesar de ello, reconoce que éstas no garantizan que en un futuro no habrá casos de perredistas coludidos con el crimen organizado.

"El PRD lo que está haciendo como partido político es mostrar voluntad y disposición jurídica, política y partidaria para que se pueda evitar, al menos en nuestro partido, la probabilidad o posibilidad de que se infiltren candidatos de mala fama y de conductas antisociales. La garantía no es absoluta", indica.

En el caso del PRI, el 18 de noviembre pasado su Consejo Político Nacional aprobó un acuerdo que contempla cuatro acciones: la aplicación de pruebas de control de confianza a quienes compiten por un cargo de elección popular como titular y como suplente, la solicitud de constancias de no antecedentes penales, la publicación de sus perfiles en la página en internet del partido y la solicitud de información a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública sobre posibles expedientes abiertos en contra de éstos.

Sadot Sánchez Carreño, secretario Jurídico del PRI, indica que en el marco de dichos acuerdos se creó una comisión encargada de recibir las propuestas y cotizaciones de diversas empresas especializadas en la aplicación de pruebas de control de confianza.

El...

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