CAPITANES

Ángel Cano...

El consejero delegado de BBVA expuso lo que muchas empresas de España ven en México: una puerta de salida a la crisis en la nación ibérica. Destacó a Bancomer como la principal franquicia bancaria mexicana. Auguran que el País manifiesta un elevado potencial de crecimiento, donde pone su apuesta el conglomerado europeo.

BASURA SIN BOTE

La queja puede ser justa, pero el problema no queda resuelto. ¿En dónde pondremos los residuos tóxicos que todos generan, por ejemplo, al usar indirectamente el aceite quemado del transporte público o al fabricar los envases de refresco?

Lo preguntamos porque acaban de endilgar a los contribuyentes mexicanos una facturita por 96 millones de dólares, todo a consecuencia de las presiones de quienes se oponen a lugares de confinamiento de residuos tóxicos.

El primero de marzo dieron por cerrada la instrucción en el arbitraje que la firma española Abengoa presentó contra el Estado mexicano ante el CIADI del Banco Mundial.

El reclamo por 96 millones de dólares fue presentado en diciembre de 2009.

¿Por qué se quejó la ibérica que comanda Manuel Sánchez Ortega?

Por la negativa de un alcalde de Zimapán, Hidalgo, para permitir la operación del confinamiento de residuos peligrosos autorizado por la Semarnat en esa demarcación.

El problema es que cuando lo rechazaron ya lo habían terminado de construir. Abengoa alega violaciones a los convenios comerciales entre México y España.

En el pasado, estos asuntos siempre resultan en fallos adversos contra México, como sucedió con los casos de Guadalcázar en San Luis Potosí y Cytrar en Sonora.

¿El problema? Además del lío ambiental, está que los funcionarios de cada nivel de gobierno actúan por cuenta propia y algunos ceden ante las presiones de minorías que rechazan que en México exista algún sitio en el cual confinar residuos.

En el caso Zimapán, no sólo había permiso de Semarnat, sino también de administraciones municipales.

El tribunal arbitral que decidió lo integran el francés Alexis Mourre, el mexicano Eduardo Siqueiros y el español Juan Fernández Armesto. El laudo final sería emitido en semanas.

El asunto lo litigó la Secretaría de Economía por medio de despachos extranjeros que usualmente le llevan estos casos. Si bien la responsabilidad es del municipio, el pleito y sus gastos salen del erario federal.

INVERSIÓN EN CARRO

Silao es chiquito, pero ese pueblo guanajuatense, al menos en tamaño, no es muy diferente de Tinley Park, Illinois. Además, también...

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