CAPITANES - 6 de Octubre de 2015 - Reforma - México DF - Noticias - VLEX 583924942

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MOISÉS R. KALACH...

Este empresario del sector textil dirigió la coalición empresarial mexicana que estuvo en las negociaciones del TPP. Mucho tendrá que informar a sus colegas sobre qué fue exactamente lo que se negoció, los beneficios que se esperan para cada sector, pero sobre todo, que se aceptó a cambio.

Machucón Jurídico

Vaya problemón que se le armó a Grupo Cementos Chihuahua (GCC), de Federico Terrazas, nada menos que en la Corte de Distrito para Colorado, en Denver.

Resulta que la empresa boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA), de la familia Doria Medina, acudió a esa corte para ejecutar un laudo arbitral que le favoreció en una disputa de hace años contra la mexicana.

El fallo condena a la cementera a pagar a CIMSA poco más de 36 millones de dólares.

El pasado 30 de septiembre, el juez federal John L. Kane dictó una orden de embargo para asegurar todos los bienes de GCC que se ubiquen en Colorado, incluidos los pagos intercompañías que la matriz mexicana pudiera recibir de su filial GCC of America, con sede en Denver.

GCC of America controla, a su vez, otras filiales de GCC en EU, entre ellas la minera GCC Energy, así como GCC Alliance Concrete y GCC Dacotah.

Además, GCC tiene un bono por 250 millones de dólares en los mercados de EU, y es beneficiaria de una línea de crédito sindicada de 450 millones de dólares, facilitada en ese país por bancos como Citigroup y JP Morgan Chase.

GCC tiene derecho a una audiencia ante el juez Kane para impugnar el embargo.

La disputa data de 2005, cuando la mexicana compró el 47 por ciento de Sociedad Boliviana de Cemento, la mayor cementera de ese país, controlada por CIMSA.

La empresa boliviana reclama el incumplimiento de un acuerdo de compra preferente de dicho porcentaje, que GCC vendió posteriomente a Consorcio Cementero del Sur, de Perú.

Adiós Dictamen

Luego de varias batallas los contadores perdieron la guerra del dictamen, al menos un año más.

Una de las grandes expectativas del gremio era que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que lleva Aristóteles Núñez, permitieran la vuelta del dictamen a un mayor número de contribuyentes o al menos se dieran las condiciones para que más empresas acudieran a él.

Sin embargo, la respuesta de la autoridad tras dar a conocer el paquete económico del próximo año fue un rotundo no.

¿La razón? Bueno, la más grande e importante para la autoridad es que simplemente no necesitan del dictamen que realizan los contadores.

¿La prueba...

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