Carlos Arce Macías / ¿Autopistas?
| Autor | Carlos Arce Macías |
El fin de semana, REFORMA publicó un detallado reportaje sobre la problemática que se desarrolla en torno a la autopista México-Querétaro. La carretera 57, así se denomina oficialmente, es la ruta del Tratado de Libre Comercio, por ahí transita la gran mayoría del transporte de carga que va a Estados Unidos.
Me confieso cliente cautivo y asiduo de esa vía, por la que circulo desde hace muchos años. Por lo tanto, conozco el tramo referenciado en la nota periodística, muy bien.
Antes que nada, hay que convalidar lo consignado por REFORMA: nunca ha estado la carretera en pleno servicio y siempre se encuentra en compostura en alguna de sus partes. Luego, la inferencia lógica del asunto: ¿por qué el concesionario de la autopista (Capufe) cobra la tarifa completa, como si el servicio también lo fuera?
Al pagar nuestro peaje estamos conviniendo un servicio a través de un contrato de adhesión, que debe de ser autorizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Sé que Capufe se ha resistido a ser regulada como cualquier proveedor, situación que debería ser terminantemente frenada, para obligar a la paraestatal a brindar un servicio justo. Los consumidores debemos ser protegidos de sus abusos.
Así pues, se deben de establecer los incentivos correctos para que Capufe se esmere en la prestación del servicio de autopista de altas especificaciones, y mantenga esas condiciones. En el contrato de adhesión que se tendrá que presentar ante la Profeco se deberá establecer el descuento, o incluso no pago de peaje, cuando el consumidor no pueda hacer su recorrido en el tiempo establecido para el trayecto de la carretera en cuestión. Cada kilómetro de supercarretera tiene un precio, los kilómetros en reparación deben de ser descontados, así como el incumplimiento en los tiempos de traslado y en la variación de las especificaciones de seguridad y rodaje de la vía.
Como es posible que Capufe se siga resistiendo, Profeco podrá iniciar, seguramente con el apoyo de cientos de usuarios, una acción colectiva contra la operadora federal. Las redes sociales podrán hacer la otra parte del trabajo, si nos unimos pidiendo el cese de funcionarios negligentes. Primero, ante cualquier gobierno, debemos estar los ciudadanos (consumidores), luego los intereses paraestatales, bastante dudosos, por cierto.
Pero para resolver el problema de raíz, la receta es la expedición de una norma oficial mexicana de emergencia (NOM), en los términos de la Ley Federal...
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