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Carlos Bravo Regidor / El asedio al INE

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Vincent
AutorCarlos Bravo Regidor

La hostilidad de los lopezobradoristas contra el instituto electoral es vieja, lo nuevo es el contexto que le da otro significado: ya no están en la oposición y ahora las consecuencias de esa hostilidad son distintas. No es igual que un candidato perdedor se niegue a admitir su derrota y le eche la culpa al árbitro, a que la órbita de un presidente de la República con mayorías en el Congreso se dedique a asediarlo permanentemente. Y no es sólo golpeteo político de coyuntura por el próximo nombramiento de cuatro nuevos consejeros ni por el proceso electoral de 2021. Tras su llegada al poder a fines de 2018, el lopezobradorismo ha puesto en marcha distintas estrategias que responden a una deliberada intención de menoscabar al INE.

La primera ha consistido en la promoción de varias iniciativas de reforma que minan la autonomía del instituto. Proponen, por mencionar apenas un par de ejemplos, sustituir los Organismos Públicos Locales Electorales de los estados (OPLES) con consejos locales nombrados por la Cámara de Diputados; o reducir la duración de la presidencia del Consejo General y volverla rotativa, lo cual supondría la remoción de Lorenzo Córdova y la designación por parte de la actual mayoría en la Cámara de Diputados de un nuevo presidente.

La segunda estrategia ha sido la infiltración. Por un lado, del Consejo General; por el otro, del Órgano Interno de Control. En el primer caso, mediante la cooptación de un consejero, José Roberto Ruiz Saldaña, quien llegó impulsado sobre todo por el PAN (en función de sus vínculos con Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora) pero que ahora opera en abierta sintonía con los lopezobradoristas. Y, en el segundo caso, a través del nombramiento vía la Cámara de Diputados de un contralor también cercano a Morena, Jesús George Zamora, quien ha integrado en su equipo a más personajes afines a dicho partido, ha filtrado a la prensa auditorías a medias e incluso celebró un convenio con la Secretaría de la Función Pública a pesar de que dicho organismo no tiene atribuciones respecto a los órganos constitucionales autónomos.

Otra estrategia se ha basado en la imposición de drásticas restricciones presupuestales, sin ningún criterio de racionalidad ni basadas en cálculos...

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