Carmen Aristegui F. / El general Gallardo

AutorCarmen Aristegui F.

Para José Gutiérrez Vivó y el equipo de Monitor.

Hace dos días, en un salón del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, se llevó a cabo lo que parecía, a simple vista, un examen profesional para obtener un doctorado universitario. Era más que eso, mucho más. Esa tarde se presentaba la tesis -de más de mil páginas- "Ejército y Sociedad en México. Reforma de las Fuerzas Armadas". Concluía para su autor, en términos académicos, un largo y tormentoso periplo que significó persecución, difamación y años de cárcel promovidos, precisamente, desde la institución que ha propuesto reformar. Francisco Gallardo Rodríguez, el casi legendario general Gallardo, defendió su tesis, dirigida por el doctor Omar Guerrero, ante un jurado de doctores del más alto nivel en materia de derechos humanos, Fuerzas Armadas y política: Lorenzo Meyer, Raúl Olmedo, Ana Esther Ceceña, Gilberto López y Rivas, Francisco Patiño y Miguel Concha. Culminaba así un largo proceso de investigaciones sobre la vida institucional de las Fuerzas Armadas, y una revisión crítica sobre las violaciones a derechos humanos que se cometen por miembros del Ejército en contra de soldados y civiles. Era la culminación doctoral de su propuesta para realizar una amplia y profunda reforma de las Fuerzas Armadas mexicanas desde su propia condición de militar. Este vasto documento representa la continuación de sus trabajos de maestría que incluían la propuesta para crear un ombudsman militar. Idea sostenida y sustentada por años que le ha costado a Gallardo un largo camino de sangre, sudor y lágrimas. Es la historia que se convirtió en pesadilla cuando en octubre de 1993 la revista Forum publicó un artículo de quien era uno de los militares más jóvenes con el rango de general brigadier del Ejército mexicano: "Las necesidades de un Ombudsman militar en México", extracto de su tesis de maestría. En noviembre de ese año, con motivo de dicha publicación, se le abrió una averiguación previa como presunto responsable de los delitos de injurias, difamación y calumnias en contra del Ejército mexicano y de las instituciones que de él dependen y contra el honor militar. Se le dictó auto de formal prisión y se desató una batalla judicial plagada de irregularidades y persecuciones. En 94 organismos internacionales declararon que la detención fue arbitraria y logró ampararse. Obtuvo de regreso una furiosa respuesta: se le abrieron ocho causas penales más, 27 averiguaciones previas y se le...

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